La presidenta de Epremasa, Pilar García, desmintió ayer que no se informara a los tres primeros ayuntamientos de la provincia en los que se han instalado contenedores soterrados para residuos orgánicos e inorgánicos -Baena, Palenciana y Villa del Río- de que se iba a disparar la tasa de la basura por ese servicio -por encima del 50%-. Todo ello después de que desde esos consistorios se haya salido al paso de las ya innumerables quejas de los vecinos al respecto argumentando que la empresa dependiente de la Diputación no les había comunicado ese alza de los costes de la basura. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento baenense emitió un comunicado en el que se afirma que "en el momento de la firma del convenio con Epremasa, en febrero de 2007, el Ayuntamiento no tenía constancia de la tasa y cuando el Pleno municipal aprobó el proyecto de contenedores soterrados las tasas vigentes eran muy inferiores a las que ahora quieren cobrar". En esa misma línea firmó un bando informativo el alcalde de Villa del Río. "Hasta tal punto conocían en Villa del Río, por ejemplo, donde yo soy portavoz del PSOE, lo que iba a repercutir la tasa, que el último Pleno municipal aprobó una modificación de crédito para ello", recalcó Pilar García. La presidenta recordó que la ordenanza que regula las tarifas de la basura las acordó la Corporación provincial en Pleno el 16 de noviembre de 2007, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) "y se le notificó a cada uno de los municipios para que pudieran reclamar".

García subrayó que Baena, Villa del Río y Palenciana han decidido acogerse al sistema de contenedores soterrados de materia orgánica e inorgánica -lo que les supone pagar una media de 112,75 euros al año a cada casa en lugar de los 73,51 que venían abonando- pensando en darle un mejor servicio a todos los niveles a sus ciudadanos, "ya que suponen unas ventajas estéticas, higiénicas y medioambientales respecto al sistema tradicional de contenedores". No obstante, apuntó que ese método supone unos costes adicionales, como la obra civil, el coste de los propios contenedores o la maquinaria para lavarlos, que encarecen el servicio .

La presidenta de Epremasa insistió en que no habrá rebaja de la tasa tal y como demandan los vecinos de los tres municipios afectados. "Desde su publicación en el BOP, la tasa es de obligado cumplimiento", indicó, al tiempo que detalló que "estamos estudiando otras vías, como puede ser la de que el pago sea fraccionado".

Respecto al agravio comparativo -también denunciando por los ayuntamientos- que puedan sufrir los vecinos que no tengan cerca contenedores soterrados respecto a los que los tienen en su barrio, García apostilló que "la elección del lugar donde van situados fue exclusiva de los ayuntamientos. Epremasa tan sólo prestó apoyo técnico para ver si era posible colocar los contenedores en donde se solicitó". En este punto, la responsable de la empresa provincial desterró la propuesta de uno de los miembros de su consejo de administración, el popular Antonio López, de aplicar un callejero fiscal para el pago de la tasa, como ocurre en la capital cordobesa, "de manera que abone menos quien no tiene el contenedor soterrado en su barrio", dijo López. García subrayó que "aunque esa medida es legal, técnicamente resulta muy complicado y no es viable. Además, habría disputas entre vecinos por la utilización de los soterrados por parte de quienes no pagan el servicio".