La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha investigado a otras 16 como supuestos autores de delitos de hurto, receptación, apropiación indebida y falsedad documental relacionados con el robo de aceituna. El Instituto Armado informó ayer de que las investigaciones se iniciaron tras detectar que en una finca ubicada en La Victoria se había cometido un hurto de aceituna. Allí, los agentes localizaron a los supuestos autores cuando pretendían vender el fruto en un punto de compra de aceituna ubicado en la provincia de Sevilla. Según la misma información, la inspección permitió comprobar que la misma se encontraba precintada administrativamente por falta de trazabilidad, localizando en las inmediaciones numerosas personas y vehículos, cargados de aceituna que pretendía vender en el citado punto de compra.

La Guardia Civil pidió la documentación que amparase la propiedad del fruto y comprobó que muchos carecían de la pertinente guía y otros presentaban guía de rebusca "de dudosa credibilidad". En ese momento se procedió a la investigación de dos personas como supuestas autoras de un delito de apropiación indebida de aceituna, y se detuvo a otras tres, como supuestos autores de un delito de hurto de aceituna, cometido en la finca de La Victoria, los cuales transportaban en el vehículo 1.180 kilos de aceituna que había sido sustraída de una finca ubicada en el término de Cabra. La inspección practicada en el punto de compra permitió comprobar "irregularidades" en el registro de entrada de aceituna, por lo que se detuvo a la persona responsable del mismo y a la instrucción de diligencias de investigación a dos de sus trabajadores por un presunto delito de receptación.

Del estudio de la documentación y de las investigaciones posteriores se comprobó que su libro de registro refleja la supuesta entrada de 122.369 kilos de aceituna, y que dicho punto de compra hace entrega en la almazara de 794.980 kilos de aceituna. Las entradas en el libro de registro vienen amparadas por guías conduce y documentos de rebusca, a los cuales se les realizan comprobaciones de su legalidad mediante la localización de los agricultores, comprobando los agentes que en muchos casos, los datos sobre los agricultores que autorizan son falsos hasta el punto que se ha utilizado el nombre de personas inexistentes o incluso fallecidas. Ante ello, se imputo un delito de falsificación de documento privado a diez personas, así como a la detención de otras dos por falsificación de documento mercantil.