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El Defensor del Ciudadano exige el pacto contra la exclusión social

  • García-Calabrés denuncia la no renovación del permiso de residencia a los inmigrantes

El Defensor del Ciudadano, Francisco García-Calabrés, exigió ayer a las administraciones la puesta en marcha del pacto contra la exclusión social. Es la respuesta de García-Calabrés al último informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) que revela, entre otros datos, que uno de cada seis cordobeses vive con 475 euros al mes y en riesgo de exclusión. "Ese pacto lo tienen que liderar las administraciones públicas, que son las únicas que pueden cambiar esta situación", apostilló. García-Calabrés indicó que "casi dos años después de la aprobación del nuevo Estatuto de Andalucía seguimos peor y la cuarta edad en Córdoba es de las rentas más bajas de Andalucía y de España".

Además, insistió en la necesidad de poner la ley al servicio de las personas "y no al contrario, por que lo que no puede ocurrir es que haya personas que pierdan su nacionalidad como ha ocurrido con los españoles de origen sahariano". En este sentido, el Defensor del Ciudadano también denunció que no se le renueve el permiso de residencia a aquellos inmigrantes que llevan un año cotizado y que les faltan días o semanas para cotizar el segundo al que les obliga la ley. "Son familias enteras que ya están integradas y a las que se les obliga a marcharse. Eso también es exclusión social", apuntó.

García-Calabrés hizo un llamamiento para que "en estos tiempos de crisis económica y ante el incremento de desempleados extranjeros" no haya casos de "abusos laborales de explotación y discriminación social", pidió a los ayuntamientos que los fondos que va a liberar el Gobierno con cargo al Fondo Estatal de Inversión Social se inviertan "en los colectivos vulnerables y en las zonas más vulnerables de las localidades" y pidió más juzgados y funcionarios "para acelerar demandas que llevan más de años y medio de retraso".

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