El Ayuntamiento de Puente Genil sigue dando pasos adelante en la resolución del caso del cuartel de la Guardia Civil de la ciudad. Está previsto que en el Pleno del próximo lunes se aborde dentro del orden del día un convenio para expropiar el nuevo inmueble, construido por un empresario particular en la zona de Las Flores. Según ha podido saber El Día, a través de este documento el Consistorio tiene previsto hacerse con el solar y el edificio construido en el polígono de Las Flores, lugar al que se pretende trasladar la sede del instituto armado en Puente Genil, a Urbanizaciones Siglo XXI, como propietaria del mismo, comprometiéndose a entregarle a cambio la finca del actual cuartel de la calle Miguel Romero, una vez que ésta sea de propiedad municipal.

De esta forma, cuando el Consistorio se haga con la propiedad del inmueble podrá elevar a convenio el protocolo que firmó en el año 2004 con el Ministerio del Interior por el que el Gobierno local entregaría a la Guardia Civil un nuevo acuartelamiento recibiendo a cambio la parcela del actual.

Cuando el acuerdo entre la Administración Local y la Central sea rubricado, este polémico procedimiento entrará en su recta final con el traslado de los agentes desde el vetusto cuartel a las nuevas instalaciones. Uno de los pasos establecidos en el protocolo que más ha costado superar ha sido la modificación urbanística por el que los terrenos donde se ubica el actual cuartel pasan de sistema general a uso residencial, mientras que el solar del edificio del polígono de Las Flores cambian de rústico a sistema general. El primer expediente iniciado por el Ayuntamiento fue denegado por el Consejo Consultivo andaluz por que "no se compensaba el incuestionable aprovechamiento lucrativo", que suponía destinar el 70% de las viviendas que se construyeran en el solar del actual cuartel a renta libre. Así, el segundo expediente iniciado y que finalmente obtuvo un dictamen favorable contempla que el 100% de las viviendas serán construidas en régimen de protección oficial.

Además, el hecho de que el Ayuntamiento concediese a Urbanizaciones Siglo XXI, como promotora del edificio que se quería destinar a nuevo cuartel, la licencia de obras antes de que la modificación urbanística fuese efectiva, derivó en un procedimiento judicial que todavía mantiene imputados como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio al alcalde, Manuel Baena (IU), y a otros nueve ediles más de todos los grupos políticos (IU, PSOE, PP y PA), que integraban la comisión informativa de obras durante el anterior mandato municipal.

El proyecto del edificio del nuevo cuartel también se ha encontrado con la oposición de un grupo de esposas y familiares de agentes de la Guardia Civil, que se han venido negando al traslado de sede aduciendo ciertas deficiencias denunciadas a través de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Las razones que se han argumentado para rechazar la mudanza eran "la ubicación en una zona con un elevado índice de marginalidad y delincuencia", la ausencia de los obligados ascensores en el inmueble, la "proximidad a un crematorio", los "riesgos de inseguridad exterior" al carecer de una valla perimetral suficiente, el alejamiento "traumático" de las familias de la zona de colegios y la localización del acuartelamiento "fuera del casco urbano, con perjuicio para la operatividad y capacidad de respuesta, así como para la integración de los afectados".