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El Cercanías de los 1.000 euros

  • El Ministerio de Fomento guarda silencio sobre el informe que rechaza la puesta en marcha de un corredor ferroviario en el Valle del Guadalquivir, sin que nadie aclare el futuro del proyecto

Panorámica de Almodóvar del Río desde las vías del tren.

Panorámica de Almodóvar del Río desde las vías del tren. / jordi vidal

El Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río va camino de convertirse en una leyenda urbana. Hay quien dice haberlo visto en los Presupuestos Generales del Estado de este año porque, es cierto que si se rebusca mucho, es posible toparse con una partida de un millar de euros entre el maremágnum de cifras asignadas por el Ministerio de Fomento. Aunque, siendo realistas, ni el mejor economista podría estirar esta ínfima partida para poner en marcha una infraestructura muy demandada en el Valle del Guadalquivir. Los 1.000 euros, de hecho, suenan a broma, a un mal chiste que bien podría llenar de memes el time line de Twitter durante un par de horas. Y más después de salir a la luz el informe de la consultora Ineco, dependiente de Fomento, que considera inadecuado este servicio por la "baja población" de la comarca y apuesta sin lugar a dudas por el Metrotrén, una alternativa que se ciñe exclusivamente a Córdoba capital.

El Gobierno conoce este estudio desde el mes de noviembre pero ha dejado pasar el tiempo sin que ningún responsable ministerial haya sido capaz de verbalizar que el Cercanías, por el momento, no es más que ciencia ficción. Los propios alcaldes, de hecho, conocían la decisión a través de las informaciones publicadas desde el pasado fin de semana por este periódico, que desde entonces ha intentado recabar sin éxito una respuesta del Ministerio sobre el asunto. El silencio, por el momento, es el protagonista.

Como requisitos generales para el establecimiento de una red de Cercanías, una nueva línea o una estación, en virtud de la experiencia obtenida de distintos estudios, Ineco considera "razonable" que se den los siguientes supuestos: localización de la red en un área metropolitana o aglomeración urbana con una población atendida "importante", "en principio por encima de los 500.000 habitantes"; que la población en el radio máximo de un kilómetro en torno a las estaciones sea de 100.000 viajeros; que la demanda sea superior a los 20.000 viajeros diarios, y que por cada estación pasen entre 3.000 y 5.000 usuarios al día. Es cierto que el Valle del Guadalquivir incumple todos estos parámetros, como también es cierto que lo incumplen Santander y San Sebastián, donde Fomento sí respalda infraestructuras similares. Paradigmático es, de hecho, el caso de Santander, donde el Gobierno ha anunciado una partida de más de 500 millones de euros para desarrollar su red de Cercanías; se da la circunstancia de que el ministro del ramo, el popular Íñigo de la Serna, fue durante varios mandatos alcalde de Santander. Las comparaciones son odiosas.

Del informe, llaman la atención argumentos esgrimidos en contra de la línea, como que el predominio del sector agrícola, seguido de las industrias agroalimentarias, "no incide en la generación de una demanda de viajes a atender por modos ferroviarios", como si las zonas rurales no tuvieran derecho a contar con unas conexiones óptimas. Y obvia asuntos de importancia como el impacto de la Universidad de Córdoba en todo el eje o del Hospital Universitario Reina Sofía, instituciones por las que miles de cordobeses de estos municipios se desplazan a diario hasta la capital. "Parece un informe predestinado a decir que no", declaró el alcalde de Palma del Río, el socialista José Antonio Ruiz Almenara, muy molesto con estas conclusiones y con el hecho que Fomento las haya silenciado durante meses.

"Se han estado riendo de nosotros durante meses", sostuvo la regidora de Pedro Abad, Magdalena Luque (IU), integrante de la plataforma #Nopasesdemí, que en los últimos meses ha protagonizado innumerables movilizaciones para exigir que el Cercanías pase a ser una realidad. Mientras, la primera edil de Almodóvar del Río, Sierra Luque (IU), portavoz de la plataforma, tuvo también palabras para la Junta, de quien dijo que "tiene mecanismos y medios legislativos para poner en marcha este proyecto" como la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía, por lo que pidió una "implicación real" de la Administración autonómica. Por el momento, no hay más remedio que esperar. La cuestión es que no se sabe hasta cuándo.

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