El Ayuntamiento denuncia los convenios con Epremasa para fijar un nuevo acuerdo

  • El equipo de gobierno busca dos soluciones a la crisis tarifaria, que el Consistorio haga soterrados o convertirse en recaudador

El Ayuntamiento de Baena ha denunciado los dos convenios vigentes con Epremasa y la Diputación como paso previo para la consecución de un nuevo marco de entendimiento en la gestión de los residuos sólidos urbanos a partir del 1 de enero de 2009.

Esta decisión, tomada en la última sesión de la Junta de Gobierno Local, se enmarca en el proceso de diálogo iniciado semanas atrás entre los responsables municipales y la empresa provincial de cara a fijar la modalidad y la cuota tributaria a aplicar en el futuro, una vez que este año Epremasa estableció en toda la población una misma cuota, la correspondiente a la recogida en contenedores soterrados, cuando este servicio se viene prestando sólo en parte del núcleo urbano. En un escrito remitido por el Consistorio, se explica que "estos dos convenios [firmados el 12 de marzo de 2007] no se ajustan a la realidad contributiva que viene impuesta por la ordenanza fiscal provincial, que es la que realmente determina la cuota a pagar por el ciudadano", por lo que plantea su "denuncia o sustitución" con la finalidad de "sanear la situación formal de los convenios aplicables a la realidad tributaria".

Tras la denuncia, las conversaciones entre ambas partes girarán en torno a las propuestas planteadas desde Epremasa. El ente dependiente de la Diputación ofrece al Ayuntamiento una primera vía, parecida a la actual, por la cual será la ordenanza fiscal provincial la que fije el precio del servicio, aunque deja margen de maniobra al gobierno municipal para que sea el propio Ayuntamiento el que asuma la inversión del suministro de los contenedores soterrados, de modo que la tarifa a pagar por los vecinos bajaría. Este sistema se aplicaría "con independencia de que pueda contemplarse, en el texto de la ordenanza para 2009, una modalidad diferente para los diseminados y núcleos de población concretos".

La otra opción recoge la posibilidad de que el Ayuntamiento recaude por sí mismo los servicios prestados al ciudadano, convirtiéndose el ente municipal en el sujeto pasivo en la ordenanza fiscal provincial. En este caso, el Ayuntamiento debería implantar su propia ordenanza para efectuar los cobros mientras abonaría a Epremasa el importe que corresponda por habitante y año.

En cualquier caso, la derogación de estos convenios necesita ahora de la aprobación y de la firma de un nuevo contrato entre el Ayuntamiento y la Diputación, un acuerdo que el Consistorio pretende que sea una realidad "lo antes posible", si bien no se descartan otros tipos de soluciones en el caso de que se demore.

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