La organización agraria Asaja Córdoba se sumó ayer a la postura anunciada por la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, quien afirmó que mantendrá en la vía jurisdiccional la exigencia de que no se cargue a las comunidades autónomas el pago de los 262,8 millones de euros que reclama la Comisión Europea por no haber transpuesto adecuadamente a la normativa nacional los requisitos para determinar las superficies admisibles de los pastos en las campañas 2009 a 2013.

Asaja Córdoba dijo ayer, no obstante, que "no consigue entender cómo ni la Junta de Andalucía ni el Ministerio de Agricultura no han sido capaces de convencer a los responsables de Bruselas en todo este tiempo de la falta de rigor de esta medida y por tanto de lo injusto de la misma", por lo que consideró que también debería irse a los tribunales europeos.

La multa se refiere al coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) y esta decisión, denominada corrección financiera, afecta a 11 regiones. En Andalucía, la cantidad que se tendría que devolver asciende a 63,7 millones, por lo que es "preocupante" que "no se haya defendido esto con la firmeza necesaria desde España y no se haya hecho ver a Bruselas la realidad de los pastos en la región andaluza". El CAP determina un porcentaje que refleja cuánta superficie de un recinto es admisible para recibir ayudas.