Diputación

Amo defiende que las oposiciones a bombero respetaron "todas las garantías legales"

  • La vicepresidenta del Consorcio niega haberse reunido con los interinos y defiende al tribunal

Dolores Amo, durante su comparecencia. Dolores Amo, durante su comparecencia.

Dolores Amo, durante su comparecencia. / El Día

La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Dolores Amo, imputada por el presunto amaño de las oposiciones a bombero, ha defendido hoy que el proceso de selección respetó "todas las garantías legales" y se ha escudado en varios momentos en las dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso que rechazan las denuncias de varios candidatos y exponen que "nada se puede reprochar al tribunal". En este sentido, Amo ha insistido en que "se respetaron los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", como el juez "ha dejado taxativamente claro".

Una a una, la diputada provincial ha respondido a las 21 cuestiones planteadas por el grupo del PP. Entre otras aclaraciones, ha dicho que "nunca" convocó ni fue convocada "a ninguna reunión con el colectivo de bomberos interinos", como se recoge en el auto de imputación, aunque ha explicado que en la sede del Consorcio "se celebran reuniones de éste y otros colectivos de bomberos", y que cuando tiene la posibilidad asiste a saludar "por deferencia". Pero "no me he sentado a hablar con ellos del proceso selectivo", ha insistido.

Respecto a los cursos que recoge el auto, "los únicos que conozco son los del plan agrupado de formación, que se imparte desde el año 1999 de manera ininterrumpida". "Desconozco si han existido cursos para este colectivo desde otra entidad, pero no por la Diputación o por el Consorcio", ha defendido.

"Me causa sorpresa que un miembro de la corporación ponga en duda el recto proceder de los miembros del tribunal, todos ellos con más de 20 años de solvencia profesional", ha insistido. Y sobre la rectificación de las bases, ha expuesto que las "únicas modificaciones" aparecieron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 6 de junio de 2016, consecuencia de la aceptación de una serie de alegaciones y apreciaciones del médico de empresa de la Diputación para mejorarlas. Y en su momento "no fueron recurridas por sindicatos, grupos políticos, particulares o administraciones", ha dicho.

Amo ha dicho también que las pruebas prácticas han contado con un informe favorable del Defensor del Pueblo y ha insistido en que "en ningún momento" tuvo conocimiento de filtraciones de las preguntas. Sobre el hecho apuntado en el auto judicial de que algunos opositores se tocaban la oreja ante el tribunal para contar con su apoyo, ha dicho que es "surrealista". "¿Piensan que un tribunal compuesto por funcionarios de carrera va a poner en cuestión su trayectoria diciéndole a alguien que se toque la oreja?", ha cuestionado.  "Corresponde que le pidan perdón a los miembros del tribunal por haber puesto en duda su honorabilidad", ha zanjado.

El diputado popular José Ramón Valdivia ha recordado la "extrema gravedad" de los delitos que se investigan, con hechos incluidos en la denuncia como la "presunta filtración de las preguntas, exámenes hechos a lapiz y escaneados antes de enviar a revisión, presunta coacción al tribunal del alcalde de Priego de Córdoba o supuesta repetición de pruebas a la carta para opositores". Valdivia ha recordado que a la oposición se presentaron un total de 1.738 aspirantes, algunos de los cuales "llegaron a soportar la tortura de esperar 35 horas para hacer las pruebas físicas". "Nuestra intención es que se sea transparente y que la sociedad esté informada, siempre respetando la independencia judicial y la presunción de inocencia, pues no somos quién para condenar a nadie pero sí para pedir explicaciones", ha explicado.

Esta misma semana, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Córdoba ha fallado en contra de los dos opositores que recurrieron la prueba psicotécnica, en la que fueron considerados no aptos, al entender el juez que "nada se puede reprochar al tribunal (de las oposiciones), asesores y colaboradores, no apreciándose error o arbitrariedad en el proceso". La prueba, según las sentencias, "se realizó con el asesoramiento de tres psicólogos" y luego los resultados fueron verificados "por una empresa especializada de Madrid", si bien los opositores discreparon de la opinión de los técnicos de la Administración y sustentaron su recurso, ahora rechazado.

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