La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Dolores Amo, imputada por el presunto amaño de las oposiciones a bombero, defendió ayer que el proceso de selección respetó "todas las garantías legales" y se escudó en varios momentos en las dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso que rechazan las denuncias de varios candidatos y exponen que "nada se puede reprochar al tribunal". En este sentido, Amo insistió en que "se respetaron los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", como el juez "ha dejado taxativamente claro".

Una a una, la diputada provincial respondió a las 21 cuestiones planteadas por el grupo del PP. Entre otras aclaraciones, dijo que "nunca" convocó ni fue convocada "a ninguna reunión con el colectivo de bomberos interinos", como se recoge en el auto de imputación, aunque explicó que en la sede del Consorcio "se celebran reuniones de éste y otros colectivos de bomberos", y que cuando tiene la posibilidad asiste a saludar "por deferencia". Pero "no me he sentado a hablar con ellos del proceso selectivo", insistió.

Respecto a los cursos que recoge el auto y que según el juez habrían sido utilizados para filtrar preguntas, argumentó que "los únicos que conozco son los del plan agrupado de formación, que se imparte desde el año 1999 de manera ininterrumpida". "Desconozco si han existido cursos para este colectivo desde otra entidad, pero no por la Diputación o por el Consorcio", se defendió.

"Me causa sorpresa que un miembro de la corporación ponga en duda el recto proceder de los miembros del tribunal, todos ellos con más de 20 años de solvencia profesional", dijo para responder algunas de las preguntas lanzadas por el PP y que generan dudas sobre la manera de proceder del tribunal. Y sobre la rectificación de las bases, otro asunto recogido en el auto de imputación, aseguró que las "únicas modificaciones" aparecieron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 6 de junio de 2016, consecuencia de la aceptación de una serie de alegaciones y apreciaciones del médico de empresa de la Diputación para "mejorarlas". En su momento, argumentó que "no fueron recurridas por sindicatos, grupos políticos, particulares o administraciones", dijo.

Amo valoró asimismo que las pruebas prácticas cuentan con un informe favorable del Defensor del Pueblo e insistió en que "en ningún momento" tuvo conocimiento de filtraciones de las preguntas. Sobre el hecho apuntado en el auto judicial de que algunos opositores se tocaban la oreja ante el tribunal para contar con su apoyo, lo calificó de "surrealista". "¿Piensan que un tribunal compuesto por funcionarios de carrera va a poner en cuestión su trayectoria diciéndole a alguien que se toque la oreja?", interrogó al PP. "Corresponde que le pidan perdón a los miembros del tribunal por haber puesto en duda su honorabilidad", zanjó la diputada.

Al inicio de la comparecencia, el diputado popular José Ramón Valdivia recordó la "extrema gravedad" de los delitos que se investigan, con hechos incluidos en la denuncia como la "presunta filtración de las preguntas, exámenes hechos a lápiz y escaneados antes de enviar a revisión, presunta coacción al tribunal por parte del alcalde de Priego de Córdoba [José Manuel Mármol, también imputado] o supuesta repetición de pruebas a la carta para opositores". Valdivia recordó que a la oposición se presentaron un total de 1.738 aspirantes, algunos de los cuales "llegaron a soportar la tortura de esperar 35 horas para hacer las pruebas físicas". "Nuestra intención es que se sea transparente y que la sociedad esté informada, siempre respetando la independencia judicial y la presunción de inocencia, pues no somos quién para condenar a nadie pero sí para pedir explicaciones", explicó.

Esta misma semana, un juez de lo Contencioso ha fallado en contra de los dos opositores que recurrieron el psicotécnico, en el que fueron considerados no aptos, al entender el juez que "nada se puede reprochar al tribunal, asesores y colaboradores, no apreciándose error o arbitrariedad en el proceso". La prueba, según las sentencias, "se realizó con el asesoramiento de tres psicólogos" y los resultados fueron verificados "por una empresa especializada".