Dos datos nos indican hasta qué punto el procés y su lenta agonía siguen llevando a Cataluña a un abismo económico del que tardará mucho en recuperarse. El primero se refiere a la fuga de empresas, que, pese a la aplicación del artículo 155 y al cese del Govern independentista, continúa con fuerza, cerrando octubre con la mayor cifra de traslados de compañías jamás registrada en España. El segundo son los números del desempleo conocidos ayer: Cataluña fue la comunidad autónoma donde más subió el paro en octubre de este año, coincidiendo con el desafío independentista, al sumar 14.698 desempleados más respecto a septiembre (+3,6%), hasta un total de 415.071 parados.

Lo peor es que la sangría económica no parece que vaya a remitir, por lo menos hasta que se celebren las elecciones del 21 de diciembre. El problema es que no es descartable que los partidos nacionalistas que han apoyado el procés vuelvan a ganar las elecciones, al menos en número de escaños, ya que el sistema electoral les es favorable e infla la representación soberanista en el Parlament. Sólo una victoria nítida de los partidos constitucionalistas y una renuncia expresa de los nacionalistas a seguir transitando por el camino de la independencia podrían lanzar un mensaje nítido a las empresas, los mercados y los inversores que favoreciera la recuperación. Pero no se puede confundir el deseo con la realidad y, hoy por hoy, todas las encuestas vuelven a insistir en la alta probabilidad de que se repitan los resultados de las últimas elecciones autonómicas.

En este sentido, ayudaría mucho que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejase de interpretar ese ridículo papel de president en el exilio y volviese a España para comparecer ante la Justicia. Si a Puigdemont le quedase algo de ese patriotismo catalán del que tanto presume se daría cuenta del enorme daño que le está haciendo a su comunidad. Ignorar los problemas materiales de los ciudadanos en pos de una idea abstracta y utópica, como es la república catalana, demuestra una falta de responsabilidad y un desprecio hacia los administrados del que éstos deberían tomar muy buena nota a la hora de ejercer su derecho al voto.

Es cierto que la fuga de empresas de Cataluña beneficia a otras comunidades como Madrid o Valencia, pero en general supone también un descrédito para toda la economía nacional, para eso que se llama ahora la marca España. Como es sabido, la economía es un estado de ánimo. Y los ánimos, a la vista está, ruedan por los suelos.