El momento de la Justicia

Puigdemont quiere eludir la acción de la Justicia con un discurso victimista, siguiendo una larga tradición de los nacionalistas

En un Estado de Derecho, como es España, la Administración de Justicia no entiende de estrategias ni conveniencias políticas, sino se limita a perseguir y juzgar a aquellos que vulneran la ley, independientemente de su condición social, económica, religiosa o política. Esto, quizás, no lo entienda el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha dado pruebas suficientes de su desprecio a la legalidad vigente y que ayer nos volvió a sorprender a todos con una rueda de prensa en Bruselas en la que se atrevió a poner en duda la limpieza y fiabilidad democrática de la Justicia española. El mismo que se encargó de que se aprobase fraudulentamente la llamada ley de Transitoriedad -una parte de cuyo articulado era un auténtico desprecio a la división de poderes-, que vulneró los derechos de los diputados autonómicos catalanes, que incumplió el reglamento del Parlament, el Estatut y la Constitución española, que intentó que Mariano Rajoy influyese en los fiscales para conseguir su inmunidad jurídica, se permite ahora ir a Bruselas, al corazón de la Unión Europea, para darle lecciones a la democracia y la Justicia españolas en un ejercicio de cinismo político que mueve por igual a la indignación y a la risa.

Una vez que ha naufragado el procés, Puigdemont intenta librarse de la acción de la Justicia vendiéndole al mundo la imagen de un líder político perseguido por un Estado perverso obsesionado con robarle sus libertades y haciendas al pueblo catalán. El problema es que todo el mundo sabe que España es uno de los estados de derecho más avanzados, de ahí que esté en los organismos internacionales que exigen un estricto pedigrí democrático a sus componentes, empezando por la Unión Europea.

Puigdemont quiere condicionar la acción de la Justicia con un discurso victimista, siguiendo una larga tradición de los nacionalismos subestatales hispánicos. Pero no lo conseguirá. La prueba es que tanto el ex president como el resto de su Govern han sido llamados por la juez Carmen Lamela a comparecer ante la Audiencia Nacional el jueves y el viernes, tras la querella del fiscal que les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación. También tendrá que declarar, pero en el Tribunal Supremo, la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y otros cinco ex diputados por los mismos tres delitos, que pueden conllevar hasta treinta años de cárcel. La Justicia ha actuado como tenía que hacerlo: defendiendo la legislación vigente y los derechos de todos los españoles, sin pararse a pensar si es oportuno o no para los intereses políticos de unos y otros. Eso es una Justicia seria y democrática. Lo contrario sería inadmisible.

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