Uno de los principales argumentos de los nacionalistas para romper la legalidad y proclamar la independencia es la reiterada negativa del Gobierno de España a negociar las "aspiraciones del pueblo catalán". Evidentemente, incluso aunque esto fuese así, no es suficiente para vulnerar la Constitución y romper con el Estado de Derecho, pero además se da la circunstancia de que este mantra que repiten incansablemente los soberanistas catalanes es rigurosamente falso. El Gobierno de España ha podido cometer errores que han animado o propiciado el procés, pero siempre lo ha hecho dentro de la estricta legalidad -como no podía ser de otra forma-, además de proponerle en reiteradas ocasiones al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que acuda a las Cortes a explicar sus reivindicaciones, primero al Congreso de los Diputados y, después, al Senado. Sin embargo, la respuesta tanto del president como de su entorno ha sido siempre buscar una excusa para no aceptar estos requerimientos, excusas que solían basarse en una supuesta mala fe del Estado. Todo el valor que tiene Puigdemont para colocar a Cataluña al borde del abismo, para sumir a España y a Europa en una auténtica crisis política e institucional, le falta para acudir a al Senado a defender sus posturas. La excusa esta vez es que el Gobierno ya tiene decidido la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, por tanto, sería una auténtica pérdida de tiempo viajar a Madrid. Otra falsedad de los independentistas. Evidentemente el Gobierno ya tiene ultimado la aplicación del 155 (lo contrario sería una auténtica irresponsabilidad), pero ha dejado claro más de una vez que si Puigdemont vuelve a la legalidad constitucional y convoca unas elecciones autonómicas según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General reconsideraría la puesta en marcha de este artículo constitucional. Más bien, el todavía presidente de la Generalitat no quiere acudir al Senado porque se evidenciaría la debilidad argumental del independentismo catalán, una postura política basada en falsedades económicas y políticas, así como en argumentos emocionales e identitarios que poco tienen que ver con la manera moderna y europea de concebir la política. Un debate en el Senado dejaría ver las toscas costuras con la que se está cosiendo la declaración unilateral de independencia, mostraría al mundo que, fuera de las consignas y del uso viciado del lenguaje, el independentismo no tiene apenas argumentos, algo que ya han visto las empresas, que se han apresurado a huir de Cataluña.