CASI trescientas mil sentencias sin posibilidad de cumplimiento, noventa por ciento de funcionarios interinos, sistema informáticos inapropiados y caducos, falta urgente de personal, imposibilidad de que se puede hacer un seguimiento de los casos porque no hay suficientes policías para realizar esa labor.... el señor Rodríguez Zapatero tiene un problema muy grave con la Justicia, pero sobre todo lo tenemos los españoles. El Consejo General de Poder Judicial acaba de hacer públicos unos datos sobre la situación de la Justicia que ponen los pelos de punta. Lo ha hecho probablemente por hartazgo de que permanentemente se ponga en cuestión el trabajo de los jueces, su profesionalidad y su capacidad para dictar sentencia en tiempo razonable.

Hace años que se producen sistemáticas denuncias de la deplorable situación de la Justicia, y en los últimos tiempos casos tan trágicos como el de Mari Luz Cortés nos han provocado auténtico estupor, indignación y vergüenza. Pudo evitarse un asesinato, pero da la impresión de que el asunto se resolvió simplemente con un expediente al juez que no hizo el seguimiento adecuado para comprobar que el asesino, condenado previamente por violación, había sido enviado a prisión. Sin embargo, no era el juez Tirado el principal responsable de lo ocurrido, sino el sistema, la situación de la Justicia, la falta absoluta de medios, ante la que el Gobierno hace oídos sordos. Si a eso se suma la huelga de funcionarios de la Administración Central, hartos de ver cómo los funcionarios judiciales de las autonomías trabajan en mejores condiciones que ellos, el resultado es evidentemente catastrófico.

Un país no funciona si la Justicia no funciona. Un país no es democrático si los tribunales a los que acudir para denunciar irregularidades, delitos y atentados contra los derechos constitucionales, tardan años en estudiar un caso, otros tantos en dictar sentencia y, además, no hay garantías de que esas sentencias se cumplan. Es una vergüenza que haya más interinos que funcionarios formados, que se permita que determinadas autonomías valoren más el conocimiento de la lengua autóctona que el título profesional, que no se facilite a los juzgados el número adecuado de agentes policiales para verificar que se cumplen las condenas de prisión, órdenes de alejamiento y las vigilancias. Es una vergüenza que los políticos se ocupen más del tinte ideológico de los vocales de las instituciones de la Justicia que de tomar las medidas adecuadas para que nuestra Justicia funcione. Estos días se diseñan los nuevos presupuestos generales del Estado. No hagamos demagogia con ellos, ya está bien de destinar partidas importantes a colectivos sociales en los que el PSOE tiene una importante cantera de votos: los ciudadanos necesitan, como el comer, sentirse seguros de que las decisiones judiciales son rigurosas, se cumplen y llegan a tiempo.