Estoy tan convencido de que el día 6 de septiembre, con ocasión de la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad, debió activarse la aplicación de los mecanismos previstos en la Constitución y en las leyes, singularmente el célebre artículo 155, para evitar que desde ciertas instituciones de Cataluña se atentase contra el interés general como de que hacerlo sin el apoyo del PSOE constituía una grave temeridad política. Bien está que Rajoy, antes de adoptar medidas tan graves, procurase el consenso con los socialistas, comprobado el apoyo de Ciudadanos. Ahora bien, el PSOE no es Pedro Sánchez, por más apoyo que éste haya obtenido en su elección como secretario general del partido y el Gobierno tenía el apoyo del socialismo español, aquel que no se encuentra secuestrado por absurdos pactos con radicales o por la simple obsesión de expulsar al Partido Popular del poder, caiga quien caiga.

Una vez el Gobierno decidió esperar acontecimientos, y celebrado el simulacro de referéndum, recontados los votos, anunciados unos resultados adulterados y proclamada y después suspendida la independencia, esos mecanismos siguen sin ser activados, en beneficio del ofrecimiento de un diálogo con golpistas que a nada bueno conducirá si no va precedido de una renuncia expresa a todo lo actuado. Viendo quien niega la existencia de la declaración de independencia y, sobre todo, quien se opone a la aplicación de medidas excepcionales para restituir la legalidad, se puede concluir fácilmente que aquélla existió, y que éstas son necesarias, quizá imprescindibles.

En una actitud chantajista, el líder socialista ha ofrecido su apoyo a tales medidas a cambio de una reforma constitucional. Como cabría esperar de él nada se dice de qué reforma se pretende, sobre qué materias o cuáles serán sus principios inspiradores. No es discutible que, como toda obra humana, la Constitución es mejorable. No es intocable. Es de temer sin embargo que la reforma se oriente hacia el reconocimiento de Cataluña como nación distinta de la española (resultaría grotesco que supusiese la consagración como padre constituyente de ZP, autor de la célebre expresión "nación de naciones" nunca suficientemente criticada), pretenda no mejorar la financiación autonómica sino establecer privilegios fiscales y no procure dotar de mayores poderes al Estado central, sino blindar unas competencias que nunca debieron ser cedidas sin garantía cierta de control, supervisión y adecuada coordinación, como la educación, la justicia o la seguridad. Cuidado: con ello se puede alquilar la paz pero no extirpar la semilla, ya brotada, del odio a España.