EN una actuación sin precedentes, las máquinas de la empresa Execor llevaron a cabo ayer el derribo de cinco viviendas ilegales en la parcelación Pedrique en Obejo. Se daba así cumplimiento a la sentencia que el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba emitió el pasado 1 de febrero y que fue ratificada por la Audiencia Provincial en junio. La medida, hasta ahora desconocida en la provincia, tiene un enorme calado por cuanto supone un importantísimo toque de atención a quienes aprovechan las lagunas jurídicas y la nocturnidad y alevosía para construirse sus casas en zonas protegidas o que carecen de la calificación de suelo residencial que es necesaria. De las cinco viviendas que ya se han convertido en escombros, sólo una estaba habitada -aunque no era la vivienda habitual de sus propietarios-, mientras que las otras cuatro aún no habían sido concluidas. Este derribo, además, viene a ratificar la lucha que la Fiscalía de Medio Ambiente mantiene desde hace unos años por erradicar de Córdoba y su provincia la cultura de la parcelación y que, en la mayoría de las ocasiones, no ha recibido el respaldo necesario y deseable por parte de los jueces.

Asimismo, la actuación ordeada por el juzgado -y que estuvo acompañada de un amplio despliegue policial para evitar incidentes- se produce en un momento especialmente sensible, cuando el debate político gira alrededor de la solución que las administraciones deben darle a las parcelaciones ilegales del entorno del Aeropuerto y del yacimiento arqueológico de Medina Azahara. Aunque en ambos casos Ayuntamiento, Gobierno y Junta abogan por el diálogo como vía para evitar mayores problemas, no estaría de más que también tuvieran en cuenta hechos como el ocurrido ayer y advirtieran a quienes pretenden convertir una ilegalidad en una norma por todos aceptada que la Justicia también tiene sus caminos para hacer real la máxima de que todos somos iguales ante ella. El futuro de una ciudad no puede depender del capricho de algunos y ayer se puso la primera piedra para dejar claro que los jueces no están dispuestos a seguir permitiendo atropellos.