No hay que ser el más perspicaz de los observadores para llegar a la conclusión de que, como diría el castizo, aquí y en la China comunista -bueno, allí lo del partido único les facilita las cosas- todos los partidos políticos tienden al oportunismo. Unos más, otros menos, cierto, pero todos en alguna medida.

El oportunismo no es necesariamente malo. Si busca soluciones razonables en el momento adecuado, aún a costa de cambiar de opinión, es más que saludable; si únicamente tiene intencionalidad electoral o de desgaste del contrario es detestable. Ejemplos de uno y otro tipo hay muchos: no modificar la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo pese a haberla criticado hasta la saciedad e incluso haber interpuesto un absurdo recurso de inconstitucionalidad es oportunismo del bueno, que zanja una cuestión superada socialmente; prometer, por ejemplo, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y una rebaja fiscal importante desde hace seis años y no haberlo hecho es oportunismo fiscal del malo, del que sólo busca el voto en tiempo electoral.

Ciudadanos es un partido particularmente oportunista, no hay ninguna duda. Su oportunismo es la mayor parte de las veces de simple desgaste. No busca aportar soluciones fundamentadas a los numerosos problemas de la sociedad española, sino lanzar mensajes simples, apelando a la emoción o al enfado del destinatario, con el único fin de castigar al gobierno y singularmente al presidente Rajoy. Pero que sea un partido netamente oportunista, que en muchas ocasiones afronte problemas complejos con simples eslóganes de publicista, no implica que no lleve razón en ocasiones. Y esta semana ha sido una de esas ocasiones a propósito del cupo vasco y del sistema de financiación autonómico.

Concierto y cupo son cosas distintas. Que el primero sea constitucional, que obviamente lo es, no convierte en bueno, justo y benéfico cualquier cálculo del segundo. Y hay quien tiene la sensación, incluso entre dirigentes de los partidos que han votado a favor, de que el cálculo que se ha hecho obedece más a un simple pacto político que a una determinación técnica de la cantidad que la Hacienda vasca debe aportar por los servicios no transferidos. Los pactos políticos son, por supuesto legítimos y si, como éste, buscan la estabilidad mucho más. Pero si siembran la semilla de la desigualdad y el agravio pierden esa legitimidad, además de ser muy peligrosos electoralmente. Veremos.