TODOS los Ejecutivos tienen la obligación de ejercer su responsabilidad de gobierno, pero ello no impide que estén abiertos al diálogo y que atiendan a las demandas ciudadanas y sectoriales cuando éstas, como en el caso de las tasas judiciales, parecen ir en un sentido unánime. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha conseguido, con la Ley de Tasas, lo que ningún político ni acontecimiento había logrado: unir a todas las organizaciones de jueces, de fiscales, abogados y funcionarios judiciales en su contra. Alguna reflexión debería haber hecho el ministro sobre ello antes de culpar de corporativismo o de intenciones poco claras a un sector tan extenso y plural como el de la Justicia. Pero es que ayer el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, explicaba que él tampoco había sido consultado. Este cargo, nombrado a propuesta del Gobierno, opina que la cuantía de algunas tasas puede ser excesiva y, lo que es peor, que ello dificulte el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Torres-Dulce ha sido elegante y moderado en su exposición, pero la crítica, además de estas formas, contiene un alegato de fondo muy duro. El argumento del Ministerio ha sido, simplemente, el de mantener que en España se litiga mucho, aunque a nadie se le escapa que, en el fondo, lo que persiste es, una vez más, la necesidad del recorte para acercarnos al déficit propuesto por Bruselas y, sobre todo, plantar cara a una exigencia de años del sector: que en este país faltan jueces, fiscales y medios para las policías judiciales. Durante los años de bonanza, éste ha sido un sector casi abandonado o, en cualquier caso, que no se ha beneficiado como otras administraciones del Estado, como la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social, que han logrado modernizarse y alcanzar grados muy altos de efectividad. Si, como Torres-Dulce ha apuntado, hay una dificultad de acceso a la Justicia, deben ser las asociaciones de jueces o algunas administraciones contrarias a las tasas, caso de la Junta de Andalucía, aquellas que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional. El ahorro y la austeridad no pueden sobrepasar las líneas rojas de los derechos fundamentales.