Hay asuntos en los que la discusión política no tiene sitio -o no debería-, como son la lucha contra el terrorismo o los asesinatos de mujeres a manos de cobardes. Son cuestiones en las que no caben medias tintas, ni divagaciones, ni acusaciones al adversario. Y cuando se hacen, normalmente el que lanza la primera piedra suele quedar retratado. Hay otros temas que en importancia están muy por debajo de esas lacras sociales a las que hago referencia, pero que igualmente deberían quedar aparcados de los debates partidistas e interesados de la clase política. En esta Córdoba nuestra tenemos uno, como es el de la comisaría de la Policía Nacional. Ni que decir tiene la trascendencia que lleva aparejado un proyecto de estas características, ya que estamos hablando de la seguridad y la atención a una población de más de 325.000 personas.

Por ello, tengo que reconocer que no me gustó nada lo dicho por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el pasado viernes en Córdoba. El exalcalde de la ciudad vino a decir que en el Gobierno de España "estamos deseosos" de que el Ayuntamiento ceda el suelo para construir las dos comisarías previstas, pero que como las cosas en la Gerencia de Urbanismo están como están (cosa que es cierta), pues que apremian al Consistorio a que haga efectiva esa transferencia. La queja tuvo la respuesta -cómo no- del primer teniente de alcalde, Pedro García, quien precisó que la pelota está en el tejado de Interior y que son ellos los que no responden a las matizaciones que les formularon desde el Consistorio respecto al convenio que deben firmar. Lo único medio salvable, por una vez, de lo afirmado por García es que debe primar la "lealtad institucional".

En mi opinión, lo que debería importar es la lealtad, pero a los ciudadanos, porque las instituciones bastante tienen ya con el penoso espectáculo que han dado en Córdoba sobre la comisaría. Aquí parece que se han olvidado todos de que se vendió a bombo y platillo la reforma del actual edificio policial de Campo Madre de Dios, que durante años fue objeto de anuncios, preguntas parlamentarias y visitas institucionales diciendo que las obras estaban al caer, hasta que tras mucho tiempo mareando la perdiz se dieron cuenta de que el suelo del referido inmueble ni tan siquiera era público, sino de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía Nacional (Mupol). Nuestros políticos -ninguno- en el Ministerio del Interior, ni en el Ayuntamiento, ni en el Congreso ni en ningún otro sitio se habían enterado de lo que estaba pasando, aunque eso sí, hicieron todo el ruido posible para tratar de sacar rédito partidista.

Fue entonces cuando, tal vez asombrados por el ridículo, se pusieron manos a la obra para encontrar una solución y concluyeron en localizar sitio para dos comisarías, una en la zona de Levante y otra en avenida de Manolete. Así las cosas, y dado que lo de pedir excusas a la ciudadanía no está en su manual, bien harían las instituciones (todas) y sus responsables en agachar la cabeza, trabajar más, mejor y ser resolutivos. Avivar la polémica, en este caso, resulta ya demasiado molesto.