Inmatriculación. Vaya con la palabra de marras, la de guerra que está dando. No hay hoy ningún cordobés que no tenga ya una idea acerca de lo que es. Por supuesto aquellos que se hayan limitado a escuchar las palabras de los representantes de la izquierda cordobesa tendrán una idea distorsionada y pensarán -y no se les puede criticar por ello, pues es la conclusión lógica a ciertas necias palabras- que se trata de un mecanismo ideado por políticos del Partido Popular en época de Aznar para permitir a la Iglesia saquear el patrimonio de todos. Y todas, claro está. La idea anterior es falsa, obviamente, pero hay que reconocer a sus autores un cierto ingenio y un notable talento. Tergiversar y faltar a la verdad con tanto salero, sin sonrojo, en público y adornándose en la suerte una y otra vez no es tarea fácil y la brillantez y solvencia con la que lo hacen algunos socialistas y la mayoría de nuestros comunistas es extraordinaria.

La novedad que nos ha ofrecido la semana ha sido la creación por la alcaldesa de una -¡sorpresa!- Comisión. He perdido la cuenta de las creadas en los últimos meses. Ésta, según parece, pretende asesorarla en algo referente a la Mezquita. No está muy claro en qué, desde luego. Sus componentes, socialistas todos, no vaya alguien a decir alguna inconveniencia. Entre ellos Carmen Calvo, ministra de Cultura el día en que se practicó la inmatriculación: la comisión no servirá para nada, salvo para que Ambrosio se reconcilie con el sanchismo después de su impúdica exhibición de la papeleta de Susana Díaz. Pedro Sánchez no se anda con bromas, y la alcaldesa quiere seguir en política.

La inmatriculación se practicó en el 2 de marzo de 2006 a favor de su legítimo propietario, sin que nadie pueda decir, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que éste, la Diócesis de Córdoba, no haya cuidado y conservado de modo extraordinario el monumento. Dicen que quieren volver a la situación anterior a esa fecha. ¿Qué diferencia hay en la situación jurídica, posesoria, dominical y de gestión entre el año 2000 y el año 2017? Ninguna. ¿Ha variado la actuación de la Iglesia por razón de la inmatriculación? No. ¿Se ha derivado algún derecho nuevo de la inmatriculación? Tampoco.

Entonces, ¿qué pretenden?, ¿qué aportaría la titularidad pública de la Mezquita-Catedral? Una de las respuestas, siniestra, la proporcionó Mayor Zaragoza: el culto compartido con el Islam. Bien, al menos alguno de los asesores de la alcaldesa se ha quitado la careta. Ya sabemos a lo que vienen y quién los envía.