EL pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aprobado el informe sobre personal de la Administración de Justicia en esta comunidad que encargó en abril al presidente de la Audiencia de Granada, a raíz de la polémica por la actuación del juez Rafael Tirado en el caso Mari Luz. El informe, elaborado sobre la base de las respuestas a un formulario remitido a las más de 600 oficinas judiciales de Andalucía, es contundente: la Consejería de Justicia ha sido incapaz de dotar de la plantilla adecuada a los juzgados de nueva creación en los dos últimos años y ha ocupado numerosas plazas con trabajadores demandantes de empleo sin formación adecuada para las funciones que se les encomiendan. El déficit que calcula el TSJA se cifra en más de 1.700 funcionarios cuya necesidad no satisfecha explica el colapso que sufre la Justicia en Andalucía. La titular de Justicia, Evangelina Naranjo, no se ha callado ante la denuncia, explicando ante los magistrados las mejoras introducidas por su departamento y censurando la falta de información sobre el rendimiento de los propios jueces, así como su escasa valoración social según las encuestas. Las dos partes tienen razón, pero ninguna toda la razón, ya que plantean el problema de la Justicia con un ánimo autoexculpatorio que el ciudadano que lo sufre cada día ha de ver forzosamente como injustificado en ambos casos. La polémica sobre el juez Tirado ha sacado a la luz con un perfil especialmente dramático la grave situación que atraviesa la Administración de Justicia. Ni se puede achacar los fallos en cadena que condujeron a la libertad del pederasta que provocó la muerte de la niña Mari Luz Cortés exclusivamente a la falta de medios materiales y humanos, sin que se sustancie la responsabilidad del juez y la secretaria judicial, ni la Consejería, en un aspecto, y el Ministerio de Justicia, en otro, pueden hacer de ambos los chivos expiatorios de un mal funcionamiento que lleva años incubándose. Cada palo debe aguantar su vela y rectificar en lo que le corresponde para que uno de los poderes del Estado actúe como se requiere.