La sentencia del caso Nóos nos ha devuelto a la actualidad a la hija del Rey emérito y hermana del felizmente reinante, por usar la expresión clásica. Según declaraciones de sus abogados, ha sido absuelta con todos los pronunciamientos favorables, lo que no es rigurosamente cierto, porque ha sido absuelta de las responsabilidades penales que le pedía la acusación particular, constituida por el sindicato Manos Limpias (pero menos limpias, según se ha sabido), al que se le condena a las costas causadas a la Infanta, pero ésta ha sido condenada a una multa de 265.000 euros, como responsable a título lucrativo, por haber sido cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido. Como este pronunciamiento forma parte de la sentencia, no todos sus pronunciamientos le son favorables.

No es mi intención opinar sobre la sentencia que, cuando escribo, no es firme. De lo que yo quiero escribir es si la absolución de los delitos de los que se le acusaba obliga a restituirla en el estatus que disfrutaba antes de su inculpación o si la condena a responsabilidades civiles, concretada en el pago de una cantidad que dedicó a gastos familiares o privados y que tenía origen delictivo, aunque ignorado por la Infanta, impide esa restitución.

Recordarán que en junio de 2015 se la excluyó de la familia Real (junto con su hermana, doña Elena) y pasó a ser "familiar" del rey Felipe, como antes lo fueron las infantas Pilar y Margarita, y además el Rey le privó del título de duquesa de Palma. Conserva sus derechos sucesorios, porque esto sólo se pierde si se renuncia voluntariamente y a ello se negó rotundamente, pese a las presiones recibidas, porque entendía que esto suponía asumir su culpa.

Las opiniones han sido muchas y diversas. Así, Peñafiel cuenta, en una carta abierta al fiscal Horrach, que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares exigió la presencia de toda la familia para abonarles una cantidad o Ignacio Camacho incide en que la Infanta no ha sido condenada, pero tampoco completamente absuelta y que su condena monetaria implica un reproche ético. Cuentan que en la Casa Real hay dos posturas: que recupere su presencia en la vida pública o que espere hasta que exista sentencia firme. Como ni mi opinión ni la de usted va a ser tenida en cuenta, más vale dejar a quien puede resolver, que es S.M. el Rey, que tome la decisión que más convenga a la causa de la Monarquía. Porque es solo a la institución a la que afecta.