Imaginemos el momento, es un suponer, en que un antiguo alto directivo de una empresa cotizada, enfadado por un despido que considera injusto, se va al juzgado de guardia y declara que su empresa, molesta por la aprobación por el gobierno de normas lesivas para sus intereses, financió la creación de un partido político con el único objetivo de perjudicar electoralmente al partido gobernante, y que esa financiación se realizó al margen de la Ley que regula la financiación de partidos políticos y sin ser declarada. Imaginemos, es también una hipótesis, que un lobbysta tiene un día la ocurrencia de denunciar que algún importante dirigente de un partido le ha exigido el pago de cierta cantidad de dinero por apoyar una propuesta legislativa, por formular una pregunta en el Congreso o por oponerse a la aprobación de una norma. Sea o no sea verdad lo denunciado, y con tal de que el relato tenga unos mínimos visos, no de ser verdad, sino de poder ser verdad -y hoy sabemos que, lamentablemente, existe una presunción de culpabilidad del político-, en cualquiera de esos casos el dirigente acusado se vería investigado judicialmente, lo que hasta hace unos días se llamaba imputado.

Ciudadanos es un partido con alguna propuesta meritoria, sin duda, pero que ha construido su éxito sobre la base de la acusación inquisitorial al político de otros partidos, singularmente del PP. Autoinvestidos de una autoridad moral de la que carecen, o que no es mayor que la de políticos de otro signo, exigieron la firma del llamado pacto anticorrupción. Y en él exigieron la dimisión o la expulsión de todo político imputado, sin esperar a la instrucción judicial del asunto y saltando por los aires el respeto a la más elemental presunción de inocencia. Pues bien, es ya evidente que el PP cometió un error aceptando esa premisa, que no hace sino atender propuestas hipócritas y el cainismo de parte de la sociedad, alimentado hasta la extenuación por las tropas podemitas. Detectado el error, sería bueno denunciarlo y enmendarlo. Sólo después de una instrucción judicial, y declarada la existencia de indicios razonables sobre la comisión de un delito, puede ser exigible la dimisión de un responsable público.

No le deseo a nadie probar las hieles de una imputación, mucho menos si ésta es injusta. Pero con la ley procesal española vigente cualquier político puede verse imputado en cualquier momento. ¿Dimitiría Albert Rivera si alguien le acusase de algún comportamiento como los descritos antes -aclaro para los malpensados que no tengo duda de que no los ha cometido- y un juez acordase su imputación o defendería desde su escaño su inocencia?