He terminado esta semana preocupado y pensando que tengo que hacérmelo mirar. Me he descubierto defendiendo a la Junta y a Susana Díaz a propósito del Impuesto de Sucesiones. Sí, gravísimo. No es que me haya reconvertido en un socialdemócrata amigo de esquilmar al prójimo ni, creo, que el calor me haya afectado. Sigo pensando que es un impuesto confiscatorio e injusto, que penaliza el ahorro. Pero dicho esto, me he dado cuenta de que el asunto se ha envenenado de manera interesada, que en el inevitable toma y daca en los medios y en el parlamento el Impuesto de Sucesiones se está utilizando como arma arrojadiza y que, aunque los socialistas andaluces deberían haber sido sensible a las demandas ciudadanas (que no de Ciudadanos, hasta ahora entusiastas de esa modalidad de tortura fiscal) y haber liquidado el tributo, se les endilgan culpas que, siendo sinceros, no tienen o, al menos, no tienen en exclusiva.

La situación que me llevó a la preocupación es ésta: cordobés afincado en Cataluña hereda a su hermana residente en Andalucía en 2013 y vende ahora uno de los pisos heredados. Tras la firma iniciamos una agradable tertulia en la que se queja amargamente de lo mucho que se paga en Andalucía por el impuesto y dice "esto en Madrid y en Cataluña no pasa". La verdad es que me habría encantado darle la razón y decirle que es verdad, que la culpa la tiene Susana, pero resulta que es falso. Aunque le cuesta creerlo, también en Madrid o en Barcelona habría pagado, porque una ley aplicable a toda España que se ha podido modificar mil veces así lo establecía en aquel entonces y sigue haciéndolo hoy. Heredar a un hermano paga en todas partes.

Hay que reconocerlo, el PP defiende la supresión del Impuesto de Sucesiones con toda la razón y es merecedor de todo apoyo. Pero no es plenamente coherente. Ni lo ha suprimido en todos los lugares en los que gobierna, ni teniendo mayoría absoluta ha corregido los dislates que provoca la aplicación de la ley estatal ni, sobre todo, ha suprimido en los ayuntamientos la plusvalía municipal en las herencias de bienes urbanos, que es hoy el impuesto de sucesiones que pagan la mayoría de los andaluces. Parece que Susana Díaz se ha convencido de que es un impuesto a suprimir y debemos felicitarnos por ello y felicitar al Partido Popular, que se ha movilizado para conseguirlo. Ahora toca ser coherente: el PP debe aprobar una ley que iguale a todos los españoles y todos sus ayuntamientos deben bonificar de inmediato y hasta el máximo legal la plusvalía mortis causa. La coherencia y los principios así lo exigen: quiero pensar que la bajada de impuestos sigue en el ADN del PP.