EL Gobierno andaluz, a semejanza del español, ha aprobado un paquete de medidas de impulso económico para hacer frente a una crisis no por minimizada menos presente y grave. Se ha visto lógicamente obligado a hacerlo ante una demanda social creciente debido a la acumulación de datos negativos sobre la situación (paro, caída del PIB y del consumo, aumento de precios de combustibles y alimentos, subida del euríbor), que los ciudadanos perciben con un pesimismo justificado. Pero no conviene perder de vista que estamos ante una crisis internacional, financiera y de precios, a la que se ha unido el agotamiento del modelo de crecimiento español, basado en la expansión inmobiliaria y el consumo y la falta de competitividad relativa de algunos sectores productivos, que engorda nuestro déficit exterior. Por tanto, las posibilidades de actuación de la Junta de Andalucía son de por sí limitadas, lo que no quiere decir que deba cruzarse de brazos a la espera de que amaine la tormenta. Entre las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno en Almería destacan por su conveniencia y oportunidad la aceleración de las obras públicas previstas, la ayuda a la rehabilitación de viviendas, los incentivos a la formación de los trabajadores y su movilidad -aunque ya existen programas sobre el particular- y el apoyo a la renta familiar mediante las reducciones en el impuesto de sucesiones y en el de donaciones, si bien esta última no es en puridad una medida contra la crisis. Tenemos serias dudas sobre otras: por un lado, no se concreta el propuesto favorecimiento de la liquidez de las pymes y entidades financieras, por el peligro de sostener a empresas en crisis irresolubles, y por otro, un Observatorio de Precios de Andalucía no supone ningún control sobre la inflación, cuyas causas son de sobra conocidas. En resumen, la respuesta del Gobierno andaluz ante la crisis ha sido leve e insuficiente, aunque no está en sus manos atajar las raíces de una coyuntura que lo sobrepasa.