HACE tan sólo unos días, el martes pasado, leíamos en este periódico un titular de primera página, suscrito por Francisco Javier Domínguez, que rezaba del siguiente tenor literal: "Una auditoría detecta irregularidades en 26 contratos de Emproacsa".

La verdad es que los responsables de la mercantil, Julián Díaz Ortega -director gerente y consejero delegado, como a él, pedantemente, le gusta decir-, y Antonio Ramírez Moyano, presidente, no son precisamente desconocidos de los medios de comunicación. Ni de los Juzgados por muy diversas razones.

Por el indicado medio, el autor de esta columna conoce el contenido íntegro del informe en el que se apoya la publicación, comprensivo de los resultados de la auditoría en el que se lee: "b) … respecto a si se ajustan en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, concluimos que sobre los 27 contratos adjudicados en el ejercicio 2007…/… Veintiséis de ellos…/… no han cumplido con estos requisitos".

Es decir: Las… "irregularidades" a las que alude la publicación a la que me referí no constituyen, de por sí, un motivo de confianza, precisamente, en dichos gestores públicos. De 27 expedientes, 26 se sustraen a los preceptivos "principios de publicidad y concurrencia", según la auditoría. Ello, inevitablemente, desprende un cierto tufillo a componenda y corruptela que hay que aclarar.

Sin embargo, las "irregularidades" denunciadas me parecen pecata minuta comparadas con otras de tal envergadura que justificarían el cese fulminante de los responsables de la mercantil, con independencia de que por el Ministerio Fiscal se investigara, de oficio, dichas "irregularidades". Porque la auditoría presenta algunas otras incógnitas que solo una investigación a fondo puede aclarar. Por ejemplo: ¿Han tenido acceso los auditores a la totalidad de expedientes de contratación? Dicho en términos más precisos: ¿Se les ha ocultado a los auditores expedientes de adjudicación de contratos verdaderamente trascendentes?

La auditoría fue efectuada para observar el "cumplimiento sobre política de contratación, de personal y la gestión de tasas públicas". Mucho queda por decir acerca de las contrataciones de personal. Pero, en todo caso, la mercantil ya ha sido auditada. Cumplido, pues, el trámite. Pero la auditoría no incluye, ¡o casualidad!, control alguno de la gestión económica. Parece una cortina de humo para ocultar "irregularidades" más graves. ¿Será que lo que se pretende es evitar que se efectúe otra auditoría sobre el estado de cuentas de la mercantil, que podría ser de infarto, y de otras… operaciones ruinosas para la empresa?