Mensaje en la botella

El chivatazo

La capital andaluza ha acogido esta semana el XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado. En Sevilla, aquí al lado, esta asociación de servidores públicos ha propuesto, entre otras cosas, la creación de una oficina nacional antifraude para expedientes complejos y nuevas formas de defraudación y un organismo multidisciplinar con inspectores de Hacienda, funcionarios del Ministerio Fiscal y una "policía fiscal" de nueva creación. Hasta aquí, todo bien. Me parece que cualquier ciudadano de bien estaría de acuerdo en mejorar los sistemas de control para que nadie, sobre todo los que más recursos tienen, eludan al fisco. No obstante, lo que más llamó la atención de un servidor fue que, además, la asociación considera "interesante" barajar el pago a confidentes en el ámbito de los delitos fiscales, una posibilidad que ahora está circunscrita al contrabando. Admito mi sorpresa, sobre todo cuando poco después pude leer que el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) propone blindar legalmente la seguridad jurídica de los confidentes de delitos fiscales y descarta la propuesta de los inspectores de Hacienda de pagar los "chivatazos" con "fondos reservados", al considerar que puede fomentar posibles extorsiones para no ser denunciados, además de "menoscabar la intimidad del investigado y la debida protección de sus datos".

Desconozco la metodología de trabajo de los servicios de Hacienda en esta materia, pero suena mal -por no decir otra cosa- que se prime con dinero a quienes decidan denunciar algún delito relacionado con la Agencia Tributaria. Vaya por delante que es obligación de todo ciudadano alertar a las autoridades de cualquier presunta infracción penal, si bien es verdad que en demasiadas ocasiones se mira para otro lado antes que delatar al vecino o al compañero. Si embargo, que una sugerencia como esta parta de una asociación profesional da que pensar. En primer lugar -siendo benevolente- uno tiende a cavilar que lo de pagar chivatazos es fruto de la desesperación ante la falta de medios para combatir el fraude, de impotencia al ver cómo quienes más se saltan la legislación son también los que disponen de más vías para eludir la acción de la Hacienda pública y de la Justicia. Ojalá sea sólo eso.

Porque si de lo que se trata es de acortar el camino para llegar con mayor prontitud a los defraudadores, habría que pensar si esa es la vía correcta. O lo que es peor, si lo que se quiere es confiar solamente la investigación a los chivatazos que puedan recibir los inspectores n sus oficinas. En cualquier caso, lo que parece evidente es que la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal en este país deja mucho que desear y ejemplos tenemos y hemos tenido en los medios de comunicación en los últimos años. Sin ser un experto en la materia, se me ocurre que si el celo en la investigación tributaria de particulares, microempresarios y pymes fuera el mismo que con los grupos empresariales, multinacionales, personas con altos ingresos y grandes fortunas, igual la cosa mejoraba un poco. Es sólo una idea, por si a alguien le parece interesante, aun a riesgo de que se me acuse de ser un soplón.

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