Como pasa con el turismo o la joyería, por poner sólo dos ejemplos, hablar de la agricultura y la ganadería en Córdoba es una cosa muy seria. Y lo es porque de estos sectores viven miles de familias de la provincia y, además, lleva aparejada una industria que es uno de los motores de la economía del territorio. Lo dicho es una evidencia de perogrullo, que a nadie sorprende.

Lo que sí llama la atención es que se quiera llevar la pugna política legítima -e incluso necesaria en ocasiones- entre administraciones de distinto signo al ámbito del campo cordobés, como ha ocurrido en los últimos días entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. El motivo: la seguridad, o la falta de la misma, en muchas fincas. Fue el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, el que lanzó el primer dardo al asegurar que el "clima está muy crispado" y que es posible un mes problemático en la campaña de recogida de la aceituna, por lo que elevaría la necesidad de más medios contra los hurtos a la Subdelegación del Gobierno.

Un día después vino la respuesta del Ejecutivo de la mano de Juan José Primo Jurado, subdelegado en Córdoba, quien acusó a su vez a la Junta de Andalucía de crear alarma entre los agricultores buscando una polémica que a su juicio "no hay" y reclamó al gobierno andaluz un plan normativo para el transporte y la receptación de la aceituna. Además, echó mano de las estadísticas oficiales para afirmar que los robos en el campo cordobés han descendido un 13,6% en el último año.

Lo cierto es que en este tema hay detalles que causan cierto asombro. El primero, que la denuncia de la Junta de Andalucía se haga en presencia de las organizaciones agrarias y las cooperativas. Y que éstas a su vez vengan a coincidir en líneas generales con lo que dice el delegado de Agricultura. Aunque tengan razón en sus demandas, no parece adecuado que la representación de agricultores y ganaderos sea el de entrar en una guerra -el del enfrentamiento entre PSOE y PP- que nada le aporta al sector, porque lo mismo que se dijo el pasado jueves en la Delegación del Gobierno de la Junta sobre inseguridad se puede exponer sin ánimo de polemizar en los foros de coordinación que ya existen y exigir a ambas administraciones más compromiso.

Por otro lado está la respuesta de Primo Jurado, que tampoco está en la línea que se podría esperar por varias razones. La primera, porque entra de lleno en el juego respondiendo con una especie de "y tú más" a la Junta de Andalucía. Y, en segundo término, porque no se puede decir que es "innegable" que el campo cordobés es seguro y un segundo después decir que el año pasado se registraron 686 robos en fincas agrícola, o lo que es lo mismo, una media de dos sustracciones al día, una cifra que cuanto menos debe llevar a cierta reflexión.

Así las cosas, bien harían la Junta y el Gobierno (PSOE y PP) en no abrir la caja de los truenos a cuenta de la seguridad en el campo. Dejen la demagogia para otros foros y centren sus esfuerzos en tratar de resolver los problemas de la agricultura y la ganadería, que no son pocos. Como dice el refranero, con las cosas de comer no se juega.