Punto de vista

José Ramón del Río

jdel35@hotmail.com

Separatismo

Se trataba de señalar al Rey y de abuchearlo, sin gritos de condena a los terroristas ni de solidaridad con las víctimas

El pasado 17 de agosto, a las 16:50, hora de siesta (y también hora taurina, pero recuerden que en Cataluña está prohibida la fiesta española de los toros) un vehículo recorrió más de medio kilómetro por la acera central de las Ramblas, atropellando a todos los que encontró a su paso. El Estado Islámico, a través de la agencia Amag, reivindicó el atentado. Organizada una manifestación en recuerdo de las víctimas, la CUP, uno de los partidos separatistas que apoyan al Gobierno catalán, se apresuró a manifestar que si a esa manifestación asistían el Gobierno o el Rey, ellos no asistirían, porque esos altos personajes financian el yihadismo. Después se lo pensaron mejor, porque la manifestación se aprovecharía para que el mundo visualizara que el Gobierno separatista catalán había actuado como un Estado independiente del español. A la manifestación, organizada y manipulada por la ANC ("cuantas más banderas independentistas y lemas políticos mejor") asistieron medio millón de personas, cuando en París, con ocasión de la matanza de Charlie Hebdo, asistieron tres veces más. Aquí se trataba de señalar al Rey y de abuchearlo, sin gritos de condena a los terroristas ni de solidaridad con las víctimas. Cuidadosamente preparado para humillar al Rey (y al Gobierno), según me cuenta quien estuvo muy cerca.

El Gobierno separatista de la Generalitat es, en apariencia, muy cuidadoso con la legalidad, aunque sería más exacto decir con las formas jurídicas, aunque esas formas sean inapropiadas para el caso en cuestión. Tienen prevista una ley para convocar el referéndum, fijado para el 1 de octubre y que, al no haber sido llevado a la Mesa en tiempo hábil necesitará, de un decreto ley para su aprobación. También está ya redactada una ley para el supuesto que dan por hecho, que en el referéndum gane el . Son para esto muy poco exigentes, porque no se fija un mínimo de participación para considerar válido el resultado. Del censo de 5,5 millones de catalanes se conforman con que participen el 30%. Por tanto, 1,7 millones decidirían el destino de Cataluña y su separación de España.

No se comprende cómo una propuesta que incumple flagrantemente las normas legales vigentes, tanto de España como de los países de la UE, puede considerarse valida para la actuación que se proponen acometer. Se equivocan cuando dicen que la esencia de la democracia es votar, cuando lo es, además, la observancia de las leyes y lo ilegal es, por tanto, antidemocrático. Mientras, en el Congreso, los diputados se ocupan de la corrupción y dan ocasión al de Esquerra para justificar con ella los deseos de independencia, olvidando el famoso 3%.

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