Canarias se ha convertido en la primera comunidad de España en tramitar una ley específica para el caso de los niños robados. La ley de la memoria histórica de 2007 ni los mencionaba y ninguna otra autonomía había planteado hasta ahora una ley específica con medidas de búsqueda concretas. En Andalucía, hace tan sólo unas semanas diversas asociaciones de bebés robados pidieron a Susana Díaz la "ayuda" de la Junta. En una cita en el Palacio de San Telmo le expusieron a la presidenta sus "reivindicaciones" y le reclamaron la "ayuda institucional" para que se les "faciliten y acerquen ciertas vías de las que dispone el Estado de derecho" para poder "defenderse con cierta dignidad".

Más vale tarde que nunca, aunque queda muchísimo por hacer para aliviar esa vergonzosa verdad que quema y que, digan lo que digan algunos, fue otro genocidio familiar silencioso. Las administraciones tienen una asignatura pendiente con esas personas a las que se les engañó de la forma más mísera posible gracias una repugnante trama mafiosa amparada y fomentada desde el propio Estado -mejor que el crío o la cría creciera en el seno de una familia afín al régimen o a las ideas neoreligiosas del mismo porque Dios quería-. Ese ladrocinio fue una de las más duras blasfemias contra la sociedad española al estilo del también tráfico de bebés como práctica sistemática de terrorismo de Estado que fue tónica común en la sangrienta dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que rigió el país americano entre 1976 y 1983. La Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo estima en unos 500 los niños que desaparecieron en esas circunstancias y cuya identidad fue sustraída. En España, sin embargo, se habla de que entre las décadas de los 50 y de los 80 del siglo pasado -durante el franquismo y en la primera década de la democracia- fueron aproximadamente un millón de recién nacidos los arrebatados a sus familias para darlos en adopción en prácticamente todo el territorio nacional. Los vendían como si se tratara de animales por cantidades que oscilaban entre las 50.000 pesetas (300 euros de hoy) en los años 50 y un millón (6.000 euros) en los 80.

En esa reunión con Susana Díaz, los familiares de los niños robados insistieron en que están esperanzados en que las administraciones los escuchen porque por ahora no tienen nada. Demandan acceder a la justicia gratuita para resolver sus casos, que según consideran deben ser tratados como una causa por delitos de lesa humanidad. Y piden también la creación de un banco público de ADN como herramienta para cotejar las investigaciones que hasta el momento se efectúan de forma independiente. Se les debe todo eso y mucho más, muchísimo más. El Estado de Derecho tiene una asignatura aún pendiente con ellos.