OTRA vez el IES San Álvaro, de la ciudad. El pasado miércoles, este periódico publicaba crónica suscrita por la periodista Lourdes Chaparro. Al parecer, el claustro de profesores denuncia la "preocupante" situación de convivencia.

No era preciso la queja de los sacrificados, agraviados, machacados e ignorados docentes. Porque la evidencia no precisa de prueba. Y es "evidencia" la situación denunciada. Porque la conflictividad en el ámbito académico, de la que el indicado centro no es más que la punta de un iceberg, es de dominio público.

La única persona -o institución- que ignora la intolerable situación por la que atraviesa el instituto es quien, precisamente, debería ser la primera en enterarse: Antonia Reyes, delegada provincial de Educación, que, en una de sus gloriosas (?) intervenciones públicas tuvo la ocurrencia de afirmar que la agresión propinada por un alumno a una bedel del centro habría sido algo así como… una caricia mal interpretada. Una ocurrencia del susodicho alumno. Un… malentendido.

Los señores profesores propugnan la adopción de una serie de medidas tendentes, todas ellas, a amortiguar el irrespirable ambiente social y académico del centro. Entre otras, interesan algunos "cambios", como el referido a la llamada "Ley del Menor".

No cabe la menor duda de que las medidas que reclaman los profesores contribuirían a paliar, sustancialmente, la insostenible situación en la que se encuentra la comunidad educativa. Pero de nada valdrían dichas medidas sin que previamente se produzcan cambios sustanciales en los órganos responsables de la gestión educativa. En este supuesto, de la delegada provincial. Porque las administraciones públicas no pueden ser gestionadas por inexpertos. Una empresa -pública o privada- cuyo objeto social es, por ejemplo, la gestión de recursos hídricos no podría estar gobernada por un gestor que ignorase el significado de H₂O. Y cuando ello sucede, la debacle está cantada. La gestión es un barco a la deriva. Aunque el gestor sea un excelente profesional… en otros oficios.

El sistema educativo en Córdoba es un fracaso. Es una evidencia. La responsable máxima es la señora delegada provincial. Debería dimitir o ser cesada. Podrá ser una excelente profesora. Pero fracasó estrepitosamente en su gestión y ha evidenciado una falta de tacto que no sólo no ha resuelto los problemas, sino que los ha agravado seriamente.

En Córdoba disponemos, afortunadamente, de profesionales sobradamente capacitados y conocedores de los problemas que la Delegación de Educación entraña. Por eso, el…"cambio" que reclama el claustro del San Álvaro debería incluir, sobre todo, el relevo inmediato de la señora delegada.