Editorial

Mediación antes que conflicto

EL Gobierno andaluz aprobó ayer, en sesión celebrada en Huelva, un proyecto de Ley de la Mediación Familiar en Andalucía, concebido como procedimiento extrajudicial para la resolución de conflictos entre miembros de una misma familia. El texto ya estaba redactado en octubre pasado, pero la disolución del Parlamento a causa de la convocatoria de elecciones hizo imposible su tramitación y acabó decayendo. La idea que anima este proyecto legislativo es ofrecer a las familias -en toda su extensión, desde parejas casadas a parejas de hecho, otros familiares, personas adoptadas o adoptivas, etcétera- un instrumento para dirimir amistosamente los conflictos que puedan surgir en relación c on divorcios, separaciones, derecho de alimento y cuidados, tutelas y patria potestad. La novedad es que se trata de un cauce extrajudicial, al que los ciudadanos podrán acogerse antes de acudir a los tribunales y siempre de manera voluntaria. Otro principio básico para el buen funcionamiento de esta institución es que se garantice la neutralidad e imparcialidad de los mediadores y la confidencialidad de todo el proceso generado en torno a la labor mediadora, que será llevada a cabo por titulados en Derecho, Psicología, Sociología y Trabajo Social, entre otras disciplinas relacionadas. El proyecto viene a responder a una demanda social creciente, que hasta ahora había que cubrir parcialmente mediante organismos de mediación enteramente privados y que ya parte de una amplia experiencia en otros países desarrollados. Es de esperar que en su tramitación parlamentaria el texto sea enriquecido con las aportaciones de todos los grupos de la Cámara y las sugerencias de la sociedad civil, que debe ser oída, ya que el asunto a debate no reviste ningún condicionante ideológico o político, lo que permitirá alcanzar un consenso básico en torno a la ley. El objetivo es evitar la judicialización de ciertas desavenencias familiares que pueden ser resueltas por la mediación de expertos y la buena voluntad de las partes. Un servicio público más, y necesario.

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