LA Ley de Aguas andaluza será, una vez desarrollada plenamente, una de las normas más avanzadas y modernas de Europa, que recogerá importantes novedades como la unidad de gestión o la reasignación de recursos entre diferentes sistemas de explotación (artículo 29.3), un mecanismo pionero este último propuesto en su día por Areda y UPA y que ha permitido salvar las campañas de regadío durante el período de restricciones por sequía, beneficiando particularmente al Almanzora. De suma relevancia será la revisión de derechos concesionales o la regulación tarifaria que abarca todos los usuarios del agua.

El borrador de la ley también contempla medidas de peso como el Banco Público de Agua y un observatorio con la participación de los distintos agentes sociales. La comarca del Almanzora, que padece un déficit hídrico importante aunque se sitúa a la vanguardia de la eficiencia y la productividad agrícola, será una de las grandes beneficiadas por un marco legislativo más justo y social.

Con la nueva ley se avanzará de forma valiente en el objetivo de priorizar la utilización del agua en las actividades que mayor repercusión tienen en el tejido económico, el empleo y el medioambiente.

La valiente normativa andaluza prevé la interconexión de sistemas de explotación para la movilización de los recursos disponibles dentro de la misma demarcación (artículo 26, punto 5c), lo que significa de facto dar un paso de gigante en el uso racional del agua bajo un concepto más global, solidario y eficaz.

Por su parte, la creación de los bancos públicos de Agua garantizará los suministros. El campo almeriense urge este tipo de instrumentos flexibles que hagan posible el intercambio de recursos entre usuarios, incluso de distintos tipos (agrario e industrial, por ejemplo).

El anteproyecto de Ley de Aguas de la comunidad autónoma andaluza permitirá realizar contratos de cesión de derechos de agua con carácter temporal o definitivo entre usuarios, aun no teniendo concesión. Se elimina de esta forma la discriminación del pasado hacia los titulares que no eran previamente titulares de derechos de agua pero que contribuyen igualmente a generar empleo y riqueza en nuestra tierra, dinamizando las economías locales sustentadas en el medio rural e impulsando sectores vitales para equilibrar nuestra balanza de pagos, como las frutas y hortalizas.

Se trata de una novedad capital, puesto que servirá para utilizar eficazmente un recurso preciado y escaso en territorios agrícolas pujantes como el levante almeriense, acuciado por graves problemas de escasez. No es tolerable que usuarios que no necesiten los recursos almacenen excedentes mientras otros territorios atraviesan por una situación alarmante de carestía sin posibilidad alguna de aliviar la sed de sus campos. La Ley de Aguas acotará estas injusticias.

Entre las novedades legislativas del anteproyecto, subrayamos además la obligatoriedad de instalar contadores homologados en un plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley, lo que contribuirá a ahorrar recursos y repercutir los mayores costes en quienes más consumen o lo hacen de forma poco eficiente. La ley dará un paso de gigante, en ese punto, para asentar una nueva cultura del agua y en una gestión más solidaria con la implicación de todos y cada unos de los usuarios.

Otro de los grandes principios que consolidará la nueva Ley de Aguas de Andalucía será la unidad de gestión por sistemas de explotación para la aplicación de cánones, favoreciendo con ello la repercusión equitativa de costes de nuestros recursos, configurando así un sistema más solidario que no penalice a los regantes en función del territorio donde vivían. Caminamos hacia un statu quo menos discriminatorio, puesto que hasta ahora se han penalizado a territorios andaluces como el nuestro, que pagaba precios desorbitados por aguas traídas desde otros lugares, a pesar de utilizar el recurso con mayor eficiencia y rendimiento, aprovechando al máximo cada gota de este bien preciado.

Estamos, en este contexto, ante un momento histórico para nuestra tierra, con una ley más avanzada que la nacional, y en vanguardia europea. La Ley de Aguas de Andalucía permitirá por fin priorizar el uso del agua para las actividades económicas que tengan en cuenta la sostenibilidad, la generación de empleo y riqueza, zanjando discriminaciones seculares en beneficio de un regadío más justo, social y equilibrado que seguirá alimentando la agroindustria y consolidándose como un motor de desarrollo y progreso social para Almería y Andalucía.