Dicen que la movilización social, venga del sector que venga, se ha hecho ya tan habitual en nuestras vidas que su impacto real sobre nuestras conciencias es cada vez menor. Es posible que así sea, que nos hayamos acostumbrado a que un día sí y otro también haya algún colectivo que, por diferentes razones, decida alzar la voz y salir a la calle. En cualquier caso, eso no resta valor a las razones que justifiquen esa protesta y bien haremos todos en conocer al menos cuáles son sus demandas.

No obstante, esta semana que hoy acaba sí deja alguna estampa llamativa en esto de la protesta, como es la queja de los trabajadores de la Justicia en el más amplio sentido del término, desde los jueces hasta el resto de personal que trabaja en sus dependencias. Hasta dos concentraciones se han sucedido en un mismo día, una de los jueces indignados sobre cómo se ha previsto la puesta en marcha de los juzgados para resolver las cláusulas suelo -con alumnos en prácticas al frente de estas oficinas y casi sin personal- y otra para exigir la puesta en marcha lo antes posible de un Juzgado de 24 horas en la capital, algo que, aunque parezca increíble, no existe a día de hoy.

Y es que esa frase que repiten tantas y tantas veces quienes trabajan en este área de lo público de que "la Justicia es la hermana pobre de la Administración" no sólo se mantiene vigente, sino que además la situación empeora. Cuesta trabajo entender cómo es posible que quienes están al frente de los gobiernos y los partidos políticos con representación en los parlamentos sigan sin tomarse en serio estos asuntos, como si no fuera con ellos, más preocupados del minuto de gloria mediático que les pueda suponer un determinado juez o fiscal designado por el Gobierno que de resolver los conflictos reales de la Justicia. Son muchos los problemas que llevamos arrastrando en este país (paro, corrupción, educación, sanidad y un largo etcétera) desde hace años, pero ello no puede suponer dejar abandonado el funcionamiento de los tribunales, porque eso supone simple y llanamente una merma en la calidad democrática de un estado. Es difícil de explicar que Córdoba, donde la Junta presume de haber construido la mejor Ciudad de la Justicia de Andalucía tras una inversión millonaria, no contemple desde el momento en que abra sus puertas con un servicio de atención ciudadana las 24 horas. O que el Consejo General del Poder Judicial se tome a la ligera los nuevos órganos sobre las cláusulas suelo, un problema de gran sensibilidad social, que afecta a miles de personas. Y es que a veces da la sensación de que quienes dirigen los destinos los ciudadanos ya no quieren que la Justicia sea la pobre del sistema, sino la hermana mendiga.