Todavía estoy igual de sorprendido que usted por el asqueroso asunto este de la sentencia de la Manada. La verdad es que cuesta no dejarse llevar por la visceralidad cuando hay cuestiones que uno no entiende, que se escapan al sentido común y que somos incapaces de asimilar. Por eso, me he interesado estos días en recabar las opiniones de juristas de distintas inclinaciones ideológicas, con la inocente intención de tratar de entender algo de lo que estaba pasando. Conclusión: me quedé casi como estaba. El único matiz es que, por lo visto, hay algunos resquicios para que estos señores jueces hayan llegado a las conclusiones que todos sabemos. En cualquier caso, lo que me parece evidente es que si la sociedad reacciona de esta manera tan contundente y muestra su rechazo a determinadas decisiones judiciales, lo que procede es una revisión de qué legislación penal tenemos y si procede un cambio. Es lo que ya han dicho -como siempre con oportunismo- el Gobierno y muchos partidos políticos, aunque en esta ocasión tienen razón.

En ese afán de tratar de acercarme a los criterios jurídicos a los que se han agarrado en la Audiencia de Navarra para dictar sentencia del caso de la Manada, me encontré con una información que, salvando las distancias, me puso el vello de punta y que, en mi opinión, merece que desde todos los ámbitos comencemos a pensar qué hacemos. Me refiero a la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que se dice que los delitos relacionados con la violencia doméstica y de género están creciendo de forma muy preocupante entre los menores de edad en Andalucía y que el último aumento anual de un 15% en los casos de este tipo que atendieron los juzgados especializados en 2017 no es una estadística aislada, sino que responde a una escalada sostenida durante los últimos seis años. Pero hay más datos, entre ellos un incremento del 26% del número de menores que fueron juzgados por delitos de violencia de género durante 2017 respecto al año anterior, lo que para el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, significa que "debemos seguir preocupados y no bajar la guardia".

Durante el año pasado, llegaron a los Juzgados de Menores andaluces 839 asuntos de este tipo, frente a los 741 de 2016. La mayor parte son casos de violencia doméstica (764 de los 839 asuntos ingresados), mientras que los de violencia de género fueron 75, cuando en 2012 no se llegaba a los 40 casos. En 2017 se sometieron a juicio 63 menores de edad por violencia de género. En los casos de menores enjuiciados por violencia doméstica (que puede ser contra cualquier miembro de la familia), baja la media de edad, de tal modo que hay un 44% de entre 14 y 15 años y un 56% de entre 16 y 17 años.

Me parece que no es necesario seguir. Basta con estas cifras para darnos cuenta de que tenemos un grave problema y que o nos ponemos manos a la obra de inmediato, o irá creciendo con el paso de los años. ¿Soluciones? Muchas. Educación, familia, ordenamiento jurídico, trabajo de las administraciones... Me parece bien. Pero lo primero, que nos lo tomemos en serio.