Que el próximo uno de octubre no se va a celebrar un referéndum en Cataluña empieza a resultar evidente; quizá tengamos que presenciar cómo algunos bestias perpetran un simulacro de elección con urnas de cartón y fotocopias de papeletas bajadas de internet, pero referéndum, por fortuna para la maltrecha dignidad nacional, no habrá. Ahora bien, que no haya referéndum no significa más que eso. El problema catalán sigue y seguirá ahí y aún sin urnas el 1-O sí habrá otras cosas: debemos prepararnos para episodios de violencia callejera durante la Diada -el independentismo anhela poder exhibir algún mártir de su enloquecida causa-, para actos de insumisión a la legalidad por parte de cargos electos y funcionarios, y, me temo, para la proclamación unilateral de la independencia tras la mascarada electoral. Es no sólo posible sino muy probable.

La vía utilizada hasta este momento por el gobierno es la esperada e inevitable: defensa de la legalidad constitucional desde las instituciones democráticas. Pero convendremos todos que también es esperable que las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional sean desoídas, despreciadas e incumplidas por la banda separatista. Por muy salvajes e indocumentados que puedan ser algunos, todos ellos saben que sus actos son ilegales y que estas resoluciones llegarían antes o después. No les ha frenado. De nada sirven docenas de resoluciones si no se cumplen, y sólo los más optimistas pueden creer que van a ser cumplidas voluntariamente.

Con ánimo de no exacerbar los ánimos, el gobierno ha venido hablando de manera genérica y ambigua de la necesidad de dar una respuesta mesurada y proporcional. Como frase hecha que es, no admite mucho debate, pero sí una pregunta: ¿qué es proporcionado ante un golpe de Estado? Desde luego es evidente, viendo las risas y los chistes de quien hasta hace unos meses era la líder del PP en Cataluña, Sánchez-Camacho, con el jefe de los golpistas Puigdemont durante la comisión del golpe, que hay quien no lo tiene claro: no conozco votante del PP que no se haya sentido avergonzado por ello.

Libres e iguales. Garantizar la igualdad y libertad de los ciudadanos de España es lo único que debe guiar la acción del gobierno y las instituciones. Ello implicará inhabilitaciones, condenas penales y, seguro, el uso de la fuerza para hacer cumplir la Ley, violentada por los golpistas. Ojalá lleguen a tiempo.

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