Tiempos convulsos los que se viven en el sector hipotecario, con sentencias de tribunales españoles y europeos que cuestionan la legalidad nacional por falta de aplicación de normas comunitarias, en un ambiente de abierta hostilidad hacia la banca, a la que se culpa de todos los males, y en el que se recibe con indisimulado regocijo este tipo de resoluciones judiciales. Y no digo yo que la banca haya actuado de manera irreprochable -nadie lo ha, hemos, hecho-, pero sí que es objeto de una injusta criminalización; alguna culpa hemos tenido los ciudadanos confiando en la subida indefinida del precio de la vivienda y creyendo a pies juntillas que toda inversión en inmuebles tenía que salir bien siempre.

El tema de las cláusulas suelo es sin duda el más mediático de los muchos frentes abiertos para la banca por razón de la abusividad presunta de ciertas cláusulas insertas en las escrituras de préstamos hipotecarios. No estoy de acuerdo con el criterio sostenido por muchas instancias judiciales nacionales y mantengo la validez y licitud de tales cláusulas. Sin embargo, entre esas cláusulas supuestamente abusivas hay otra infinitamente más importante desde el punto de vista de sus efectos: la cláusula de vencimiento anticipado, aquella que establece que ante el impago de un número determinado de cuotas el banco puede dar por vencido el préstamo y proceder a su ejecución.

No conozco ningún caso de ejecución de hipoteca por causa diferente del impago de las cuotas a que el deudor se había comprometido al tiempo de formalizar el préstamo. A nadie se le había pasado por la cabeza considerar abusivo que el acreedor pudiese ejecutar la garantía ante el incumplimiento de la obligación de pago: se incluían en las escrituras de préstamo, los deudores las conocíamos y aceptábamos, se inscribían, políticos de todo signo las regulaban y los jueces las aceptaban sin dudar. Hoy se dice que las instituciones han fallado: nadie las consideraba abusivas, creo que con razón, porque no lo eran entonces ni creo que lo sean hoy; fallan, pero no tanto.

Se está procediendo equivocadamente a una enmienda a la totalidad a un sistema exitoso, que ha constituido la base de la prosperidad y del acceso a la vivienda de los españoles, que estamos comprometiendo seriamente para las generaciones sucesivas. Esperemos en cualquier caso que ello sirva para articular una modificación del sistema que sea más justo y equitativo -y del agrado de ciertas instancias judiciales comunitarias, auténticos legisladores de este tiempo- y para reflexionar sobre nuestra cultura financiera o, precisamente, la falta de ella.