CON motivo del incidente en la XVII Cumbre Iberoamericana, al mandar callar Juan Carlos I al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que no dejaba hablar al presidente del Gobierno español, lanzando andanadas a destiempo contra el que le precedió (José María Aznar); con motivo de este incidente, que debería haber alcanzado la categoría de diplomático, se han sucedido todo tipo de comentarios, declaraciones y exabruptos, a favor y en contra de la actuación del Rey.

Indudablemente, desde el punto de vista constitucional, el Rey "asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes" (artículo 56.1 de nuestra Carta Magna), entre las que no está la salida de tono que tuvo en la Cumbre, a la que se vio obligado ante la desidia y el silencio de nuestro presidente del Gobierno y nuestro ministro de Asuntos Exteriores (espectador inútil este último del desgraciado altercado, como si estuviera pensando en las musarañas).

El Rey, pese a no corresponderle y aun colocando en entredicho su papel institucional, ante el silencio de los que debieron hacerlo, tuvo que salir a frenar las bravuconadas del presidente de Venezuela, quien con su comportamiento no zahería sólo al ex presidente Aznar, sino a la propia España. Y esta actitud, pese a ser impropia desde el punto de vista institucional, ha sido correcta para el común de los españoles, a salvo de algunos puristas de la legalidad vigente y de algunos "antiguos" anclados en rancios republicanismos con avieso desconocimiento de la realidad constitucional aún vigente.

Sin ir más lejos, un parlamentario andaluz de Izquierda Unida, postulador del advenimiento de la III República (lo que de por sí no es bueno ni malo: depende de la voluntad popular configurar España como monarquía o república), se ha permitido la "hombrada" de asegurar, según reflejaba el diario El Mundo de 12 de noviembre pasado, que "el Rey no tiene autoridad moral ni política para mandar callar a un cargo electo que ha sido elegido hasta en tres ocasiones por su pueblo y sólo defendía a los suyos"; que el Rey "es sólo un tragaldabas (¿sabrá este hombre público el significado de esta palabra o sólo la dijo para epatar?) nombrado por el dedo de Franco..."; que "es quien debería callarse y aprender de Chávez, que se sometió a un referéndum de ratificación sobre su continuidad. ¿Por qué no hace el Rey lo mismo?".

Este parlamentario, que lleva no pocos años percibiendo unas más que generosas retribuciones del erario público y que debería saber en que terreno se mueve, con sus manifestaciones se ha instalado en el despropósito, porque precisamente Juan Carlos I es Rey de España no porque lo pusiera Franco, sino porque así lo quisimos los españoles en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 sobre la Constitución. Tan es así que su legitimidad como Rey proviene de la Constitución, al mencionarlo explícitamente -a diferencia de otras Constituciones- cuando, en su artículo 57, señala que "la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica".

Al actual Rey no lo puso Franco, sino los españoles en referéndum, mal que le pese al errado parlamentario andaluz, al que parece poderle más el sectarismo y las ganas de bronca que el respeto a la auténtica voluntad popular, al margen de que, situados en sus parvos argumentos, habría que poner en cuestión esas elecciones del presidente Chávez. ¿Acaso no recuerda cómo se amañan las elecciones en los países dictatoriales, especialmente en los de la órbita que le es tan querida: la del comunismo?

No vendría de más a este parlamentario, aprovechar su inmenso tiempo libre para prepararse para la alta misión que le han encomendado sus electores, en la que no está dar lecciones de ignorancia histórica y de demagogia. Hasta le vendría bien aplicarle la frase del Rey: ¡por qué no se calla, ignorante parlamentario! Nos guste o no la monarquía como forma de Estado -incluso quienes la representan-, es la fórmula elegida por los españoles y no por la "nomenclatura" de un partido autoritario. Y este lenguaraz parlamentario debería dar ejemplo de respeto a la legítima voluntad popular.