FINALMENTE, los representantes de los Veintisiete países integrantes de la Unión Europea pudieron cerrar un acuerdo para regular a nivel comunitario la expulsión de inmigrantes irregulares. Después de tres años de debate, los 27 han alumbrado una directiva en virtud de la cual los inmigrantes sin papeles que no quieran abandonar voluntariamente un país de la UE podrán permanecer detenidos hasta seis meses, plazo que se puede prorrogar hasta un año y medio si no se logra identificar la nacionalidad del afectado o su nación de origen obstaculiza el retorno. La medida es dura, pero con matices. Esta armonización de los procedimientos de expulsión obligará a un total de nueve países miembros, entre ellos Reino Unido y Holanda, a revisar su política actual, que es la de no establecer límite temporal alguno para la retención de los inmigrantes. A otros, como España, donde el plazo está en cuarenta días, le permitirá ampliarlo, según anunció el ministro del Interior, facilitando la lucha contra la inmigración irregular. El Parlamento Europeo tendrá que discutir y aprobar el próximo día 17 esta directiva, que incluye otros aspectos aún polémicos de la cuestión: la asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes ilegales, el tratamiento de los menores inmigrantes y, lo más conflictivo, si la detención puede ser ordenada por una autoridad administrativa o exigirá la autorización de la autoridad judicial. De la resolución final de estas cuestiones dependerá que la Unión Europea encare el problema de la inmigración irregular con visión estratégica y altura de miras o se decante por un rigor extremado, poco acorde con la tradición de la Europa democrática. El Parlamento Europeo tiene ahora la palabra. En todo caso, esta decisión se impone ya como una urgencia para la UE y significa de por sí un avance en cuanto se está poniendo en pie por vez primera una política inmigratoria común. Algo que se estaba echando en falta desde hace años.