ESTO va a más. La escandalera de los ERE fraudulentos -a cuya investigación se ha sumado ya, por fin, la Fiscalía Anticorrupción- está subiendo exponencialmente el tono, y se ha convertido en el eje central de discusión de la política andaluza, y en referente muy utilizado a nivel nacional. Esto ya no hay quien lo pare, máxime cuando, convocadas ya las elecciones municipales, el tema es un bocado apetitoso para ser utilizado en los cincuenta días que nos quedan hasta los comicios. Y por mucho que se repita que lo que ahora está en juego es la composición de ayuntamientos y diputaciones, la experiencia nos indica que se va a hablar más de los ERE que del transporte urbano, por poner un ejemplo.

Si el tema tenía ya de por sí bastante morbo, ahora ha subido un peldaño importante en la atención colectiva. Lo que hasta hace poco se circunscribía, ya era bastante, a una investigación judicial para descubrir presuntos comportamientos penales en la administración del dinero público, ahora es más, mucho más. Porque ahora, además de lo anterior, y como consecuencia de ello, se plantea todo un grave conflicto entre el poder judicial, encarnado en este caso por la juez Alaya y el poder político, representado por la Junta de Andalucía. A esto ha conducido la negativa de la Junta a entregar a la juez las actas de las sesiones del Consejo de Gobierno celebradas en los últimos diez años. Aduciendo, por un lado, la obligatoriedad del secreto de estas sesiones y, por otro, que la juez no motiva suficientemente su petición.

Ni siquiera los expertos de Derecho Procesal se ponen de acuerdo a la hora de dar la razón a una u otra parte. Pero el efecto ya lo tenemos, y es que la imagen de colaboración proactiva de la Junta en la investigación judicial, ha quedado hecha pedazos, con razones jurídicas, o sin ellas, pero se ha roto la aparente armonía. Quizás sea el Tribunal Supremo el que deba dirimir el conflicto, sentando un importante precedente. Pero, mientras tanto, salvo que la juez matice su petición -lo que no parece fácil- o la Junta dé su brazo a torcer, levantando el carácter secreto de las actas solicitadas, la polémica irá a más.

No hace falta ser un lince para darse cuenta de que lo que quiere la magistrada es saber si el Consejo de Gobierno tuvo, o no tuvo, conocimiento de las advertencias sobre la infracción de los procedimientos. Esa es la cuestión. Y la Junta sabe lo que la juez quiere, como también sabe, o debe saber, si lo que la juez busca está o no en las actas de la discordia. Así que la solución no parece tan difícil, salvo que se entienda que es peor el remedio que la enfermedad.