EL pasado día 2 de julio tuve la oportunidad de seguir en directo el debate parlamentario sobre los efectos y posibles soluciones políticas a la situación de crisis o evolución negativa de la economía de nuestro país. En la primera parte de la intervención de nuestro Presidente del Gobierno se expresaron multitud de datos económicos, que llegaban incluso a marear, sobre todo por la dureza de los mismos y por la tórrida hora, las cuatro de la tarde, circunstancia climática que no impedía ver a nuestros representantes perfectamente abrigados con traje y corbata, salvo honrosas excepciones como el diputado verde Joan Herrera o el Ministro de Industria, el profesor Sebastián.

De todas esas cifras de diagnóstico, quiero resaltar algunas por ser muy ilustrativas del principal efecto de crisis económica, el desempleo. En junio de 2008 se ha alcanzado en España la cifra de 2.390.424 personas desempleadas en los registros de las oficinas de los servicios públicos de empleo. Este dato supone un incremento de 424.555 desempleados respecto a junio de 2007, es decir, un 21,6% más de desempleo registrado. Sólo en el mes de junio se han registrado 36.849 nuevos desempleado/as.

Asimismo, en este último año se ha registrado una reducción del número de nuevos contratos de trabajo. En concreto, se han formalizado 162.779 contratos de trabajo menos, lo que supone un descenso interanual del 10,3%. Sólo en estos primeros 6 meses se han firmado un 7,2% menos contratos que en el primer semestre de 2007. Por otro lado, según los datos del mes de mayo, el principal problema de la sociedad actual es el desempleo como ha puesto de manifiesto el Centro de Investigaciones Sociológicas según el cual para el 52% de la sociedad española el principal problema es el paro. Hace justo un año, en mayo de 2007, lo era para el 37,5%.

Lo más importante para solucionar un problema es reconocer su existencia y sus dimensiones, y nuestro Gobierno ya ha dado ese paso en dicha comparecencia parlamentaria. Diagnosticado y dimensionando el problema o crisis económica, ahora toca por parte de las diferentes Administraciones arbitrar soluciones, tanto para eliminar sus causas como para paliar sus consecuencias. En este sentido, no caben soluciones de política liberal clásica, más bien nuestro Gobierno debiera optar por el modelo de Estado Social, de Estado del Bienestar. Ahora toca ser solidario con los que sufren el desempleo y/o con los que no llegan para pagar el incremento espectacular de las hipotecas.

La solución no puede ser la austeridad en el gasto público que tiene como objeto el desarrollo de políticas sociales. Más bien se ha de reforzar incluso para apoyar a las familias españolas que sufren el desempleo y la subida de las condiciones de financiación y pago de sus propias viviendas. Por tanto, frente a la crisis económica más Estado Social, más protección para los débiles que serán los que sufrirán más duramente sus consecuencias.

En todo caso, la responsabilidad compartida de instituciones y tejido empresarial es fomentar actividad económica y creación de empleo. Aunque el sector público puede crear empleo para el desarrollo de los servicios públicos en sectores como la gestión del medio ambiente, el cuidado integral de personas o el sector de la obra pública, esta responsabilidad de creación de actividad económica corresponde naturalmente al tejido empresarial privado.

En este sentido, las grandes corporaciones empresariales y financieras (Banca Privada y Cajas de Ahorro) han de hacer un especial esfuerzo en esta situación de crisis que padecemos, tomando decisiones societarias en términos de generación de nuevas inversiones industriales con el ánimo de contribuir al desarrollo económico nacional, desarrollando políticas empresariales de responsabilidad social y no sólo pensando en la cuenta de resultados. La acción institucional y empresarial contra el desempleo y sus lamentables consecuencias sociales es la gran prioridad de la agenda de 2008.