Nuestro Parlamento aprobó la semana pasada una proposición para realizar un cambio normativo en el vetusto Código Civil al objeto de hacer preferente la custodia compartida frente a la exclusiva en los supuestos de divorcio con hijos menores. Cada vez es más frecuente que se otorgue este régimen de relación con los hijos comunes de las madres y padres divorciados o que ya no convivan juntos. La propuesta ha salido adelante con los votos del PP y Ciudadanos y el rechazo, abierto o velado, de PSOE y Podemos.

En mi muro de Facebook compartí la noticia y añadí como entradilla "estupendo". Algún revuelo armó entre mis amistades reales y virtuales la declaración. Defiendo la compartida, desde el punto de vista personal y profesional, antes incluso de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo la avalase, como ahora hace, y lo hago por pura querencia de la normalidad. Un hijo o una hija tiene dos progenitores; mientras la pareja existe, la relación con ambos por igual es lo normal; cuando la relación acaba, como consecuencia de la libre decisión de los padres, no desaparece la filiación. En circunstancias normales que, para resumir, deben excluir los supuestos de violencia de género y poco más, lo normal, también, debería ser que el menor tuviera la mejor relación posible en términos de calidad, tiempo y corresponsabilidad de los padres con ellos. Esto, para mí, es muy claro. No entiendo por qué desde algunos espacios del feminismo y de la izquierda se combate la custodia compartida, generalizando el injusto, retrógrado y machista, favor hacia la madre en detrimento del padre.

Soy feminista porque creo en la igualdad y esto no nos acerca. Esta posición maximalista y anacrónica pivota sobre un eje de desigualdad entre cónyuges, presumiendo un mayor bienestar del menor si permanece con quien tiene un sexo concreto. Mientras dura la pareja, iguales; rota, el varón muta en enemigo. Es sencillamente absurdo. Y, además, insisto, machista por aplicación de un sexismo ramplón. Tan simple y poco elaborado ese argumento falaz que excluye nuevas realidades familiares por la que tanto, y tan bien, se ha luchado hasta conseguir una regulación igualitaria: ¿quién es más madre en una pareja madre-madre?, ¿ y quién lo es en otra padre-padre?, ¿a quién le damos la preferencia? Hace aguas el planteamiento. Malas. Turbias.

Los detractores del cambio señalan que mejor que la ley no lo diga, que ya verán los jueces, caso a caso, " en beneficio del menor". Eso ya es así , y lo seguirá siendo, pero combatir la desigualdad en todos los ámbitos exige que la ley sea rotunda: como regla general, para los dos, iguales en derechos y obligaciones; excepcionalmente, solo excepcionalmente, exclusiva. Lo que hay que justificar es lo anormal, en beneficio del menor, no en perjuicio sistemático del padre. Es igualdad, no prejuicios.