La cultura en 2007 Los principales acontecimientos de los últimos 12 meses

Un año entre relevos y sobresaltos

  • César Antonio Molina, ex director del Instituto Cervantes, sustituyó a la cordobesa Carmen Calvo al frente del Ministerio de Cultura · La empresa Odyssey y la Biblioteca Nacional estuvieron en el centro de la polémica

César Antonio Molina relevó a Carmen Calvo al frente del Ministerio de Cultura en un año en el que este departamento tuvo que afrontar el robo de valiosos documentos en la Biblioteca Nacional y entablar un pleito con la empresa cazatesoros Odyssey para defender el patrimonio subacuático español.

César Gómez Rivero, un ciudadano español de 60 años de origen uruguayo residente en Argentina, se declaró autor del robo de 16 láminas de varios libros custodiados en la Biblioteca Nacional. Entre estos documentos se encontraban dos mapamundis de la edición incunable de la Cosmografía de Claudio Ptolomeo, de 1482, y otro mapa de una edición de 1507 de la Geografía de este astrónomo.

El robo fue denunciado en agosto por la Biblioteca Nacional y provocó un duro enfrentamiento entre su directora, la escritora Rosa Regás, y César Antonio Molina, quien había sido nombrado un mes antes ministro de Cultura.

Regás presentó su dimisión el 27 de agosto, alegando la "total falta de confianza" del ministro, quien dos días más tarde acusó a la escritora de no haberle comunicado los robos y nombró poco días después a una técnico, Milagros del Corral, como nueva directora de la Biblioteca Nacional. No fue el único cambió que realizó Molina, quien designó también a los nuevos responsables de la Subsecretaría de Cultura -María Dolores Carrión-, el Instituto de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) -Juan Carlos Marset- y el área de Bellas Artes y Bienes Culturales -José Jiménez-.

Molina, que fue sustituido al frente del Instituto Cervantes por Carmen Caffarel, promovió además un concurso internacional para designar al nuevo director del Museo Reina Sofía (ganado por Manuel Borja-Villel), tras la renuncia presentada en septiembre por Ana Martínez de Aguilar.

Tras el anuncio del robo de los documentos, y en medio de la polémica entre Regás y Molina, se abrió una investigación policial que, en colaboración con Interpol, ha permitido hasta la fecha el regreso a la Biblioteca Nacional de diez de las láminas sustraídas.

Los documentos, devueltos a la policía en Argentina por Gómez Rivero, fueron entregados por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al titular de Cultura el 12 de noviembre, en un acto en el que se anunció que la Biblioteca Nacional realizará un inventario de sus fondos -25 millones de volúmenes- en enero próximo.

El patrimonio cultural español se ha visto afectado este año también por las actividades de la empresa norteamericana Odyssey, que, según sostiene el Gobierno, extrajo de un pecio español el mayor tesoro arqueológico hallado hasta la fecha, formado por 500.000 piezas de oro y plata valoradas en 373 millones de euros.

La empresa cazatesoros, con sede en Tampa (Florida), anunció su hallazgo el pasado mes de mayo, pero se ha negado a precisar el lugar exacto en el que se encontraba el barco del que extrajo las valiosas piezas.

Carmen Calvo aseguró en junio que el pecio se encontraba en aguas internacionales pero era de bandera española, un argumento con el que el Gobierno defiende la propiedad del tesoro en un juzgado de Tampa.

La batalla judicial contra Odyssey se libró también en España. Una juez de La Línea de la Concepción (Cádiz) ordenó el apresamiento de dos buques de la empresa que se hallaban en Gibraltar para que su carga fuera registrada en puerto español.

En el último asalto librado en el tribunal de Tampa, el juez solicitó a finales de noviembre al Gobierno español y a Odyssey que pacten un acuerdo de confidencialidad sobre el tesoro hallado. La siguiente audiencia pública, previa a un juicio, será el 10 de enero.

A la espera de una resolución judicial sobre el caso Odyssey, España cuenta desde octubre con un Plan Nacional de Arqueología Subacuática, que establece un decálogo para la protección del patrimonio.

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