La Comisión Europea (CE) suspendió ayer la entrega a Bulgaria de algunos fondos europeos por casi 500 millones de euros y retiró el control de fondos a dos agencias estatales búlgaras debido al elevado nivel de corrupción y de irregularidades en ese país.

La CE aprobó ayer varios informes sobre la corrupción y la reforma judicial en Rumanía y Bulgaria, y señaló que en este último país la lucha contra la corrupción y el crimen organizado "no produce suficientes resultados y muchos casos quedan impunes".

"La Comisión quiere ayudar a Bulgaria y Rumanía, pero los resultados deben venir de los dos países", señaló el portavoz jefe de la CE, Johannes Laitenberger, al leer ante la prensa un sumario de los informes y decisiones adoptadas por el Ejecutivo de la Unión Europa (UE).

Explicó que las medidas acordadas ayer son temporales y serán levantadas "lo antes posible" una vez que las autoridades búlgaras pongan en práctica una serie de medidas demandadas.

"Esperamos que las medidas de corrección que la Comisión ha pedido se apliquen rápidamente", añadió, y señaló que a pesar de los problemas detectados se están registrado progresos en otros sectores de las reformas legales.

Además de los dos informes anuales sobre la reforma legal y judicial, la Comisión aprobó ayer otro documento específico sobre la gestión de los fondos europeos en Bulgaria.

El documento sobre el uso de los fondos es muy crítico con las autoridades y las estructuras oficiales búlgaras, pues señala numerosos problemas de gestión de diversos fondos y posibles irregularidades en diferentes niveles de la Administración.

Se apunta que "la falta de obligación de rendir cuentas y de transparencia que caracterizan los procedimientos de adjudicación de fondos de la UE suponen un grave problema".

"La corrupción de alto nivel y la criminalidad organizada exacerban estos problemas", asegura el informe.

La continuación en la lucha contra la corrupción era una de las condiciones que la UE puso a Bulgaria y Rumanía, con revisiones anuales, para su ingreso en la Unión el 1 de enero de 2007, fecha que ya fue retrasada seis meses por la lentitud de los procesos de reforma legal y judicial en los dos países.

El primer ministro búlgaro, Sergei Stanishev, lamentó la decisión de la CE y aseguró que su país "todavía está aprendiendo a ser miembro de la UE".

"Necesitamos apoyo por parte de expertos europeos para llevar a cabo las reformas", añadió Stanishev, prometiendo que no cesará a ningún ministro con motivo de las conclusiones del informe de la CE.

Por su parte, el presidente búlgaro, Gueorgui Parvanov, reconoció que existen graves problemas en el funcionamiento de varias instituciones en el país. "Tenemos que decir de forma clara que los pasos positivos que hemos dado en los últimos meses son por ahora sólo premisas para superar los problemas acumulados", dijo el jefe del Estado.

"Ahora es el momento para que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial reconsideren sus gestos y realicen acciones adecuadas para afrontar las críticas que contiene el informe de la CE y conseguir resultados satisfactorios para la sociedad búlgara y para nuestros socios europeos", manifestó Parvanov en un comunicado.