El Tribunal Penal Internacional solicita la detención del presidente sudanés

  • El fiscal de la Corte Internacional, Luis Moreno Ocampo, acusa al presidente sudanés, Omar Hassan, por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur

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El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, acusa al  presidente de Sudán, Omar al Bachir, de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas en cinco años de conflicto.

El fiscal afirma que 'fuerzas y agentes' bajo el control del presidente sudanés han abatido a al menso 35.000 civiles y causado la "lenta muerte" de entre 80.000 y 265.000 personas, que se vieron desplazadas de sus hogares debido a los combates


Moreno Ocampo presentó hoy a los jueces el resultado de su segunda investigación en Darfur y serán los magistrados de la sala preliminar de la CPI quienes tendrán que decidir ahora si las pruebas constituyen una base razonable para hacer efectiva la orden de arresto contra el presidente de Sudán.

Al Bachir se ha convertido en el tercer presidente en ejercicio en ser objeto de un proceso judicial internacional.

Le precedieron el serbio Slobodan Milosevic, fallecido en 2006 e inculpado en 1999 por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), y el liberiano Charles Taylor, perseguido desde marzo de 2003 por el Tribunal Especial de Sierra Leona.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denunció en junio la falta de cooperación de Sudán con el CPI, cuya jurisdicción no reconoce, y la Unión Europea amenazó con sancionar a Jartum.

Sudán, la mayor nación del continente africano, sufre múltiples divisiones religiosas, étnicas y socio-económicas, acentuadas por las luchas para apropiarse las riquezas naturales, desde que en 1978 se descubriera petróleo al sur del país.

Los enfrentamientos en Darfur, región occidental de Sudán fronteriza con Chad, se han cobrado miles de muertos y han ocasionado unos dos millones y medio de desplazados a campos de refugiados dentro y fuera del país, en lo que la ONU ha definido como uno de los peores desastres humanitarios de este siglo.

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