El Gobierno británico de Theresa May declaró este lunes ante el Tribunal Supremo que tiene la prerrogativa para activar el brexit - la salida de la UE- sin el permiso del Parlamento, al argumentar su caso ante la máxima instancia judicial.

El Supremo empezó a atender el recurso presentado por el Gobierno contra un dictamen del Tribunal Superior de Londres, que el pasado 3 de noviembre estableció que sólo el Parlamento tiene la potestad para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE. En noviembre, el Tribunal Superior falló en favor de la empresaria Gina Miller, quien, en representación de un grupo de ciudadanos, acudió ante la Justicia para defender que May no puede invocar el artículo sin una votación previa de los diputados.

Durante los próximos cuatro días, los once jueces del Tribunal Supremo -una cantidad récord para un caso de apelación- tendrán que evaluar si dan la razón al tribunal inferior o al Gobierno, en un caso histórico y de importantes consecuencias constitucionales.

No obstante, dada la complejidad del caso y la gran cantidad de documentación que deberá ser evaluada, el Supremo espera dar a conocer su dictamen recién a principios de 2017.

En la primera jornada de esta apelación, el abogado general del Estado, Jeremy Wright, esgrimió los argumentos del Gobierno y defendió que éste tiene los poderes ejecutivos -prerrogativa real- para activar el artículo 50 sin una votación de los Comunes.

Al exponer su planteamiento, Wright dijo que es legal esa prerrogativa en este caso porque el Reino Unido es constitucionalmente "dualista", ya que el poder es ejercido tanto por el Parlamento británico como por los ministros del Gobierno.

Wright recalcó que la legislación que autorizó la convocatoria del referéndum sobre la UE del 23 de junio fue aprobada con la "clara expectativa" de que el Gobierno haría efectivo el resultado. Otro de los abogados del Gobierno, James Eadie, calificó la prerrogativa real como "un conjunto de poderes, bien reconocidos, firmemente establecidos en nuestras disposiciones constitucionales" y considerados "esenciales" para "un Gobierno efectivo".Por lo tanto, explicó Eadie, "el Gobierno tiene el poder legal para notificar el artículo" ante la UE.

Los abogados que defienden la posición del Gobierno admitieron que se trata de un recurso de "gran significado constitucional", con "interés legítimo" para todas las partes.

Al iniciar la vista, el presidente del Supremo, David Neuberger, dejó claro que esta corte se limitará a evaluar los asuntos legales del caso de forma "imparcial", sin entrar en "cuestiones políticas".

"Esta apelación atiende asuntos legales y, como jueces, nuestro deber es considerar estos asuntos de manera imparcial y decidir el caso en virtud de la legislación. Esto es lo que vamos a hacer", puntualizó el presidente de la corte.

Neuberger añadió que reconocía el gran interés público que el caso ha generado y los "fuertes sentimientos" asociados con el voto a favor del Brexit y sus consecuencias políticas, pero dijo que el tribunal tiene la obligación de dejarlos a un lado.

Entre otras cosas, el juez avisó que no podrán darse detalles personales de las personas implicadas en la apelación puesto que han recibido amenazas de violencia y abusos por ejercer su "derecho fundamental" de acudir ante un tribunal.

El recurso ha generado un gran interés mediático, mientras que partidarios del "brexit" y de la permanencia británica en la UE desplegaron hoy pancartas ante la sede del Supremo.

Según los expertos, aún si el Gobierno pierde esta apelación y el proceso legal llega al Tribunal de Justicia europeo, May no tendría dificultades para que el Parlamento apruebe la legislación para activar el artículo 50, ya que los diputados respetarían la voluntad de los británicos expresada en el plebiscito.

La primera ministra ha anticipado que espera iniciar el proceso antes de que termine marzo de 2017, por lo que el Reino Unido puede estar fuera de la UE en 2019.