El grupo socialista en el Parlamento Europeo ha propuesto una enmienda a la directiva de retorno de inmigrantes irregulares en la que pide que el período máximo de retención forzosa sea de seis meses, frente a los 18 previstos actualmente. Los grupos socialista y verde en la Eurocámara han presentado un total de diez enmiendas a los puntos más discutidos de la directiva de retorno de inmigrantes ilegales, que ya tiene el visto bueno en el Consejo de la UE.

El PE tiene poder de codecisión y el pleno debatirá el próximo martes en Estrasburgo (Francia) el texto de la directiva y las enmiendas, y la votación tendrá lugar el miércoles. Siete de las enmiendas han sido presentadas por los socialistas y las tres restantes de forma conjunta por este grupo y por los verdes, indicaron fuentes de la Eurocámara. El grupo de Izquierda Unitaria Europea no ha presentado enmiendas sino una moción que rechaza el conjunto de la directiva.

Las enmiendas se dirigen a algunos de los elementos clave del texto, que acordaron el pasado día 5 por unanimidad los ministros de Interior de la Unión Europea. Una de las enmiendas presentadas por los socialistas pide que el período máximo de retención sea de tres meses, que podría extenderse otros tres si los países de origen no cooperan suficientemente en la identificación de los irregulares, y que las órdenes de detención sean revisadas por un juez al menos una vez al mes.

El texto que respaldaron los ministros establece un período de retención seis meses, que podría ampliarse hasta 18 meses en los casos en que el irregular no coopera en su identificación o haya problemas para obtener la documentación de países terceros. Otra enmienda intenta definir el "riesgo de eludir" la acción de la justicia de un inmigrante ilegal a la hora de decidir su retención en un centro cerrado, y pide que ese riesgo no se deduzca "automáticamente" del hecho de que se trate de un residente irregular.

Una enmienda pide que las decisiones para internar a inmigrantes irregulares sean tomadas "por autoridades administrativas o judiciales" se ordenen "por escrito y con razonamientos de derecho y de hecho". En otra propuesta, se pide que el período de retorno voluntario pase del actual -de siete a treinta días- a un mínimo de treinta días. También se pide suavizar el texto que prohíbe que los inmigrantes expulsados retornen a la Unión Europea durante un máximo de cinco años, de forma que esa prohibición sea una posibilidad y no obligatoria.

Además, se propone que los inmigrantes que retornen voluntariamente no sean objeto de ninguna prohibición de retorno, que en la versión actual es posible. Varias enmiendas se refieren al retorno de menores no acompañados, y se propone que se instaure el principio de no devolución, así como que se tengan en cuenta, sobre todo, el mejor interés del niño, su familia y el estado de la sanidad pública de los países de donde procedan los menores.

También se pide eliminar el párrafo que establece que un menor no acompañado puede devolverse, en la ausencia de familiares directos, a "un representante equivalente, un tutor del menor o un funcionario competente del país de retorno" tras una evaluación de las condiciones de retorno. Otra enmienda propone que, antes de decidir el retorno de un menor no acompañado, los organismos adecuados de asistencia a la infancia decidan cuáles son sus mejores intereses.

Además, se pide que los menores no acompañados y los menores sean retenidos en centros cerrados "como última medida y por el menor período de tiempo que sea apropiado", y que los centros tengan personal y medios adecuados a las necesidades de los niños y jóvenes.