La controvertida propuesta negociada por la presidencia de turno eslovena y el Parlamento Europeo sobre la prevista normativa de expulsión de inmigrantes de la Unión Europea no logró hoy el apoyo de los 27 estados miembro.

Sobre todo eurodiputados socialistas y de la izquierda se opusieron a la propuesta, informó el parlamentario alemán Manfred Weber, de la conservadora Unión Social Cristiana (CSU). Weber negoció la ley por encargo del Parlamento con el Consejo de ministros. Tampoco hubo consenso de los representantes de los estados miembro en el Consejo, según se dijo.

Los representantes de populares y liberales, a pesar de que reconocieron que la norma tiene carencias y no es perfecta, respaldaron el texto y las mejoras que incluye en algunos aspectos, como el final de los internamientos indefinidos, mientras que Izquierda Unitaria reiteró su rechazo.

La directiva "no es ideal, pero es un paso adelante en la buena dirección", ya que "hemos logrado que haya garantías en medidas concretas", dijo el alemán Manfred Webber (PPE), ponente del informe sobre el que la Eurocámara debe pronunciarse en el pleno del mes de junio.

Webber, en una conferencia de prensa en la sede del PE previa a la decisión de los países comunitarios, reconoció que algunos Estados miembros usan el internamiento como forma de "presión psicológica" para que los indocumentados digan cuál es su país y poder devolverlos, pero insistió en que, si se les dejara libres "se desvanecerían en el aire" y no podrían ser repatriados.

El texto acordado entre el PE y el Consejo de la UE establecía un período máximo de retención de 6 meses, que puede extenderse en casos excepcionales a 18 meses.

Webber insistió en que ese período es máximo y establece por fin un mínimo en los países donde hasta ahora el plazo es indefinido, mientras que los países con menores períodos de internamiento seguirán aplicándolos.

Por su parte, el socialista italiano Claudio Fava dijo que el texto da "demasiado margen de maniobra" a los países de la UE y resaltó que la retención administrativa de hasta 18 meses convierte en "algo gravísimo" la entrada ilegal a un país.

Por los liberales, la holandesa Jeanine Hennis-Plasschaert recalcó que la norma que se ha rechazado no debe ser vista sólo como un intento de la UE de reprimir la inmigración ilegal, "sino dentro de un conjunto" de medidas en preparación que buscan, entre otros objetivos, promover la inmigración legal y ordenada o penalizar a los empresarios que contratan a indocumentados.

La "verde" británica Jean Lambert mostró el respaldo de su grupo a algunos elementos de la directiva, pero consideró que prohibir a los ilegales expulsados retornar a la UE durante cinco años "es una medida draconiana".

Ante el Parlamento de Bruselas se congregaron hoy cientos de críticos de la normativa para exigir un cese de la propuesta y más de 21.000 ciudadanos, 906 organizaciones y casi 400 mandatarios políticos apoyaron una petición común contra la "normativa de la verguenza", informó la asociación ecuménica francesa Cimade.

Un grupo de manifestantes criticó ante diputados que se den pasos comunes para defenderse de la inmigración antes de abrir vías legales hacia Europea y aseguraron que la ley prevista empeorará la situación de muchas personas.