Tanto John McCain como Barack Obama, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, han prometido cerrar la prisión de Guantánamo, pero la cuestión es qué hacer con los 270 detenidos que languidecen en sus celdas.

Tras seis años de protestas, las asociaciones de derechos humanos ven el fin de una cárcel que consideran una afrenta a los principios del país. "El cierre de Guantánamo es inevitable. Políticos de diferentes orientaciones están ahora a favor de hacerlo", se felicita Elisa Massimino, directora de Human Rights First (HRF) en Washington.

El Gobierno de George W. Bush siempre ha defendido Guantánamo como un lugar necesario para mantener a enemigos peligrosos fuera del campo de batalla de la difusa guerra contra el terrorismo. Pero el apoyo al encarcelamiento indefinido ha mermado progresivamente incluso entre los propios republicanos.

El ex secretario de Estado Colin Powell, por ejemplo, ha pedido el cierre por la mala imagen de Estados Unidos que proyecta al resto del mundo.

McCain, que en su campaña lleva un mensaje de política exterior enérgica, también quiere que se clausure.

El senador por Arizona aún sufre las secuelas físicas de sus cinco años y medio como prisionero de guerra en Vietnam y ha sido una voz muy crítica contra los interrogatorios abusivos a detenidos, frente a la ambigüedad de sus contrincantes republicanos en las elecciones primarias. Y Guantánamo, además de representar la detención indefinida, se ha convertido en un símbolo de vejaciones, que de aquí pasaron a la prisión bagdadí de Abu Ghraib.

Por su parte, Obama ve en Guantánamo, como el resto de los demócratas, un paradigma de los excesos en política exterior que ha llevado a cabo la administración de Bush durante sus años de mandato.

Aún así, ni McCain ni Obama han especificado qué harán con los 270 prisioneros que quedan en las celdas frente al mar Caribe de la base estadounidense, de los casi 800 que en un momento u otro han pasado por ellas durante los últimos años.

Y es que los prisioneros que actualmente se encuentran en la isla se dividen en dos grupos. La mayoría son detenidos sobre los que el Pentágono no tiene suficientes pruebas para encausar por un delito concreto, incluso ante los tribunales militares especiales establecidos en Guantánamo, que cuentan con normas que favorecen claramente a los fiscales a la hora de presentar acusaciones.

A muchos de estos prisioneros el Gobierno de EEUU no los ha podido repatriar porque sus países de origen se niegan a admitirlos o podrían ser sujetos a torturas al volver, según dijo en una entrevista una experta legal del departamento de Estado, que pidió quedar en el anonimato. "Es necesario que terceros países acepten a estos prisioneros de Guantánamo", dijo la fuente.

Este es el caso de Omar Khadr, el joven canadiense de 21 años cuyo interrogatorio fue difundio en vídeo el martes. Este acontecimiento abrió la polémica en cuanto a la implicacioón de los países de oruigen de los presos, ya que el Gobierno de Canadá se niega a repatrioarle.

El segundo grupo consta de los hombres más peligrosos, contra los que Estados Unidos sí tiene algún tipo de evidencia sobre su implicación en actos o en grupos relacionados con el terrorismo. "Preveo que juzgaremos a unos 80", dijo a la prensa el general Thomas Hartmann, el asesor legal de los tribunales antiterroristas de Guantánamo.

El candidato republicano propuso trasladar esos procesos a la base militar de Fort Leavenworth, en Kansas, mientras que Obama considera injustas sus reglas especiales y quiere juicios en cortes ordinarias.

"Podemos poner los tribunales en un barco y trasladarlos de Guantánamo a cualquier parte de EEUU", dijo Kelly. Esa solución es la que tiene más posibilidades, si los candidatos a la presidencia cumplen sus promesas.