Un juez argentino procesó ayer a la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto blanqueo de activos y asociación ilícita, en una causa por supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Hotesur. El magistrado Julián Ercolini procesó además, entre otros, a Romina Mercado -sobrina de Fernández- y al empresario constructor Lázaro Báez, ya en prisión preventiva desde 2016 por otra causa, y ordenó contra todos ellos embargos por sumas de hasta 800 millones de pesos (unos 27 millones de euros) para cada uno.

Éste es el quinto procesamiento judicial para la actual senadora, con el que se busca saber si la ex familia presidencial recibió pagos por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de habitaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, participada por la ex presidenta y sus dos hijos.

El juez aseguró que Hotesur no contaba "con capacidad económica ni experiencia", y que su finalidad era otorgarle a las cantidades pagadas en sobornos "apariencia de legítimas". El magistrado ya intervino la compañía hotelera el pasado marzo, cuando afirmó que había sido "una de las personas jurídicas a través de las cuales la familia Kirchner habría recibido periódicamente dinero obtenido mediante la defraudación contra el Estado nacional".

En noviembre de 2017, la ex mandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal; además, denunció que su situación judicial se debía a intereses del oficialismo. El caso Hotesur se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer.