El gobierno chileno se mostró este domingo  dispuesto a reabrir las investigaciones que aclararon las cifras de víctimas de  la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet, tras la aparición de tres  personas que fueron catalogadas erróneamente como detenidos desaparecidos.

Los nombres de los falsos detenidos desaparecidos estaban incluidos en el  informe que dejó una comisión creada a comienzos de los 90 con el retorno de la  democracia en Chile y bajo el gobierno del ex presidente Patricio Aylwin, en la  que además se acordó una reparación monetaria a las familias de las víctimas.

El 'Informe Rettig', que fue divulgado en 1991 y cifró en 1.183 los  detenidos desaparecidos bajo el régimen de Pinochet, podría ser reabierto por  el gobierno con el fin de aclarar y evitar la existencia de nuevas anomalías.

El subsecretario de la presidencia, Edgardo Riveros, señaló que la  reapertura de dicha investigación es una "buena oportunidad" además para  incluir casos de víctimas que no fueron reconocidos en su momento.

"Es una buena instancia para poder enfrentar situaciones presentes y con  perspectivas de futuro. Estos hechos que han ocurrido son lamentables pero hay  que tener presente que desgraciadamente en Chile, lo que ocurrió fue una  violación sistemática de los derechos humanos", manifestó.

En los errores dados a conocer el sábado, Emperatriz del Tránsito Villagra,  que falleció en 1955, fue incluida por su familia en la nómina de detenidos  desaparecidos con el fin de recibir beneficios monetarios destinados por ley a  las víctimas de la dictadura en Chile (1973-90).

Los otros dos corresponden a un hombre enterrado como indigente,  identificado como Edgardo Palacios, y a Carlos Rojas Campos, quien actualmente  vive en Buenos Aires, Argentina.

Los nombres fueron descubiertos por una investigación del Registro Civil  luego de que a mediados de noviembre un integrante de la lista de  desaparecidos, Germán Cofré Martínez, apareciera con vida en Chile, luego de  residir 35 años en Argentina.

Debido a la desaparición de Cofré su familia había recibido un monto  cercano a unos 62.000 dólares, que fueron suspendidos por orden del Gobierno.